Hay un mensaje recurrente en el discurso del gobierno del presidente López Obrador: el desprecio por el conocimiento científico, técnico o especializado. El argumento detrás es que quienes lo generan, ya sean académicos u organizaciones de la sociedad civil, son grupos privilegiados, que se han beneficiado de recursos públicos sin dar resultados suficientes y que, incluso, han cobijado actos de corrupción, por eso son la "mafia científica". La descalificación indocumentada enfila ahora sus baterías a un área especialmente sensible, como es la certificación de las especialidades médicas.
En días pasados, abanderando este discurso denostativo, el senador de Morena José Narro Céspedes propuso revisar el papel del Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas (Conacem), que es una institución civil facultada por la Ley General de Salud, desde 2011, para certificar a los médicos especialistas. En su opinión, dicho Comité funciona de manera opaca y arbitraria, porque no existe legislación que supervise sus procedimientos ni que vigile cómo usa el dinero que recibe y, en cambio, sí tiene el control sobre la certificación de los médicos especialistas y maneja cerca de 300 millones de pesos al año. Sin información que fundamente la acusación, pero fiel al discurso de desprecio por el conocimiento especializado, el presidente López Obrador ya instruyó que se investigue al Conacem.
Si se tratara de tener un diagnóstico preciso, con una revisión de la página de internet de dicho Comité se resolverían las dudas del senador, el problema es que se quiere desplegar un manto de desprestigio para justificar que el gobierno se apropie de las tareas que realiza el Conacem.
No es cierto que no haya legislación que regule su funcionamiento. La Ley General de Salud establece que el Conacem es un órgano auxiliar de la Administración Pública Federal, cuyo funcionamiento concreto está normado por los lineamientos que emitió la propia Secretaría de Salud. El Comité, a través de sus 47 Consejos de Especialidad, tiene la encomienda de supervisar las habilidades de los médicos especialistas y calificar sus conocimientos para certificarlos y recertificarlos cada cinco años, para garantizar que los médicos cuenten con estándares básicos para ofrecer servicios de especialidad y que la población tenga la garantía de que así es.
Los Consejos de Especialidad están integrados por médicos especialistas que elaboran, aplican y revisan los exámenes, siempre de manera gratuita. Los exámenes para alcanzar la certificación se cobran, porque hay que sufragar los costos del trabajo técnico y administrativo necesarios para llevarlos a cabo. El Conacem publica en internet los nombres de los médicos certificados para que hospitales públicos y privados y el público en general sepan quiénes cuentan con la distinción. Además, la Junta de Gobierno del Comité, en la que participan representantes de la Academia Nacional de Medicina y del Consejo Nacional de Salubridad, rinde y publica un informe anual sobre los programas realizados y los recursos recabados y utilizados.
¿A quién beneficia esta certificación y por qué la hace una asociación civil en auxilio de la Secretaría de Salud y no la secretaría misma? El Conacem se asemeja a la Barra de Abogados que en países desarrollados certifica a quienes, teniendo un título de abogado, quieren ejercer la profesión y es obligatorio pasar esa prueba. Que el certificador sea una organización civil, diferente a la entidad que otorga los títulos, busca evitar que la autoridad sea juez y parte, o que influyan cálculos políticos en la certificación.
Es cierto que el médico especialista debe pagar para hacer el examen de certificación y hacerlo no implica, en automático, obtener la certificación. Por ello quizás podría seguirse el ejemplo de la Sedena, que paga el costo de los exámenes para asegurar que sus médicos tengan los más altos estándares de calificación profesional.
¿A quién le interesa sembrar dudas sobre la labor del Conacem? Sólo a quienes están en contra de un conocimiento científico especializado, en un afán por tener mayor control político-clientelar sobre el sector encargado, ni más ni menos, que de la salud de la población.