Jacqueline Peschard

La estafa maestra, ¿delito de Estado?

La 'estafa maestra' ha cobrado dimensiones transexenales y Gertz Manero debe demostrar que la nueva entidad autónoma tiene la determinación para comenzar a abatir la impunidad.

Al presentar el balance de los primeros 100 días al frente de la Fiscalía General de la República, su titular, Alejandro Gertz Manero, se refirió tanto al estado en que se encuentra la entidad a su cargo como a los casos sustantivos relevantes que se están investigando –Ayotzinapa, Odebrecht o Tlahuelilpan. Al abordar la 'estafa maestra', adelantó que es necesario reestructurar la investigación general del asunto, desde la perspectiva de la delincuencia organizada, a manera de un posible delito de Estado.

Hay que recordar que la PGR comenzó a investigar el caso de la 'estafa maestra' en octubre de 2015, a partir de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con base en las revisiones de las cuentas públicas desde 2011, las cuales revelaron una red de desvíos de recursos públicos desde Sedesol y Sedatu que ocurrían a través de contratos triangulados con universidades públicas que desembocaban en empresas fantasma. Sabemos que se han abierto 21 procedimientos independientes unos de otros sobre funcionarios públicos y dirigentes de universidades, pero hasta ahora sólo contamos con simulaciones de combate a la corrupción, pues se han inculpado a servidores públicos de bajo nivel o a funcionarios que nunca fueron mencionados por la ASF y que incluso denunciaron la falsificación de sus firmas en contratos, mientras que se ha exculpado a quienes sistemáticamente fueron señalados por la Auditoría como posibles responsables del desfalco multimillonario.

Es buena noticia la propuesta de reestructurar a fondo la 'estafa maestra', pues se parte de la premisa de que fue una maquinación delictiva, que significó un daño patrimonial de cerca de siete mil millones de pesos, que no pudo ser producto de actos aislados, sino que hubo colusión de intereses, coordinados centralmente desde el poder público. En esto consiste un delito de Estado, en que no concluye en un evento particular cometido por un funcionario que utiliza su puesto en beneficio propio, sino que traza un esquema delictivo que aprovecha todos los medios disponibles para favorecer a una red de cómplices, corrompiendo con ello el quehacer mismo del gobierno y las estructuras del Estado. Entiendo que un delito de Estado conlleva una serie de acciones para, además, encubrir a sus artífices y asegurar su impunidad, o sea, implica la manipulación tanto del desarrollo de las investigaciones, como de la eventual resolución de los jueces, esto es, se echa mano de todo el aparato del Estado.

Hay al menos tres grandes tareas que deberían emprenderse para resolver la 'estafa maestra': primero, reorientar la investigación para que la línea esencial sea hallar el destino de cada peso malversado; es decir, saber a dónde llegó el recurso público y quiénes se beneficiaron del mismo. En segundo lugar, establecer de manera inequívoca quiénes fueron los presuntos responsables del entramado de colaboración interinstitucional que hizo posible la estafa, la cual no se agota en una apropiación privada de recursos públicos, sino que involucra a quienes debieron investigar los delitos y también a quienes debieron castigarlos. Resulta increíble que las gestiones de la PGR ante el Poder Judicial hayan ignorado los señalamientos puntuales de la ASF. En tercer lugar, hacer una revisión profunda de los deficientes mecanismos legales e institucionales que hicieron posible orquestar la estafa; es decir, trabajar en un esquema de prevención de delitos similares.

Los ciudadanos queremos explicaciones y datos certeros y veraces sobre la trama detrás de la 'estafa maestra' para que se castigue a los culpables no sólo de delinquir, sino de corromper a todo el sistema político. Transparentar y rendir cuentas a cabalidad será la prueba de que la autoridad está empeñada en fortalecer las capacidades institucionales del Estado para empezar a corregir la corrupción.

La 'estafa maestra' ha cobrado dimensiones transexenales y el fiscal Gertz Manero debe demostrar que la nueva entidad autónoma que, por ley, deberá estar reestructurada en el plazo de un año, tiene la independencia, el músculo y la determinación suficientes para efectivamente comenzar a abatir la impunidad.

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