A primera vista, pudiera parecer intrascendente que el presidente López Obrador se negara a recibir personalmente y en un evento público el informe anual de la CNDH, pero no lo es, pues aunque se trata de un acto protocolario, tiene una fuerte carga simbólica con indudables implicaciones. Aquí cobra relevancia la famosa frase de Jesús Reyes Heroles, de que "en política, la forma es fondo". Los modos, gestos y actitudes; es decir, las formas, son tan relevantes como la materia misma.

Es la primera vez en los 29 años de vida de la CNDH que el Presidente de la República se rehúsa a compartir el espacio público con su titular, y el hecho no puede interpretarse sino como desdén, o en el mejor de los casos, desinterés por el trabajo del organismo de Estado que está encargado de investigar violaciones a los derechos humanos y de emitir recomendaciones a las dependencias y entidades del gobierno federal para que las corrijan y para que las autoridades responsables persigan los delitos cometidos.

El informe sobre 2018 que, en privado, Luis Raúl González Pérez entregó a la Secretaría de Gobernación, pone el énfasis en dos áreas que han estado en el centro del trabajo de la CNDH por el alto nivel de afectación a los derechos humanos que han tenido: salud y seguridad y justicia. El recuento de las violaciones demuestra que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos: las miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas, la trata de personas y la persistencia de la violencia de género, y los ataques y homicidios de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Las conclusiones del informe son que, en lo que va de 2019, se empiezan a acumular hechos y omisiones que hacen suponer que el gobierno federal no está adoptando medidas pertinentes para revertir la situación, ni tampoco está empeñado en procurar la efectiva vigencia de los derechos humanos.

En rueda de prensa, el ombudsperson nacional enfatizó que se requieren recursos para hacer vigente el derecho a la salud, pues "no hay economía, ahorro o medida de austeridad que se justifique si se pone en riesgo la salud o la integridad de las personas".

López Obrador se ha comprometido con los derechos humanos y así está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde aparecen como uno de los objetivos prioritarios y transversales del gobierno; sin embargo, dicho compromiso no puede materializarse sin fortalecer a los organismos encargados de protegerlos y garantizarlos. Prioridades sin recursos es demagogia y las reducciones presupuestarias a la CNDH este año fueron de 140 millones de pesos respecto de 2018; es decir, una disminución de 6.6 por ciento.

El gesto de AMLO, al no recibir públicamente el informe de la CNDH, es un mensaje congruente con la incomodidad que le provocan los organismos constitucionales autónomos en general, porque su naturaleza los mueve a actuar con independencia del gobierno en turno, aun cuando el jefe del Ejecutivo tenga gran popularidad. Dicha independencia es clave para que las investigaciones y recomendaciones de la CNDH no se subordinen a los intereses del poder público y se preserve el objetivo último de garantizar los derechos humanos de las personas.

Puede argumentarse que el hecho de que en el pasado los presidentes de la República hubieran recibido siempre los informes de la CNDH, no significó que sus respectivos gobiernos actuaran con más eficacia en la atención de los diagnósticos elaborados y las recomendaciones presentadas, pero sin el acto formal de conocer el informe difícilmente puede reclamarse al gobierno por su deficiente actuación.

Hoy, que las negociaciones con Estados Unidos sobre la imposición de aranceles llevaron a nuestro gobierno a modificar la política de migración para poner el énfasis en la acción punitiva y la militarización de la frontera sur, valdría la pena renovar en la forma y en el fondo la determinación que el propio AMLO ha señalado, que los derechos humanos estén en el foco de la acción pública-gubernamental.