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La invención del combate a la impunidad

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La invención del combate a la impunidad

25/03/2019
Actualización 25/03/2019 - 14:38

En días pasados, distintos medios de comunicación le han dado seguimiento a una de las investigaciones a cargo de la FGR sobre el muy sonado caso de la 'estafa maestra', que merece una atención minuciosa por diversas razones. En primer lugar, por lo voluminoso de los montos de la malversación de fondos públicos que, de acuerdo con los Informes de las Cuentas Públicas que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a lo largo de la pasada administración, ascienden a más de siete mil millones de pesos, pero también por la fuerte carga simbólica que tiene el caso. La 'estafa maestra' no sólo fue un mecanismo de triangulación de recursos públicos que echó mano de instituciones públicas de educación superior, sino que implicó la utilización reiterada de empresas fantasma o de 'papel'.

El presidente López Obrador ha insistido que el peor de los males de nuestro país es la corrupción, y que su gobierno va a marcar una ruptura con la manera como en el pasado se investigaban y se perseguían los delitos para asegurar que “nadie esté por encima de la ley”. De ahí que la forma como se identifiquen a los responsables y eventualmente se haga justicia en este caso, sentará la pauta sobre la manera como el gobierno federal emprenda la lucha contra la impunidad. A juzgar por lo reportado en días pasados, llaman la atención diversas inconsistencias en los procesos penales que se siguen desde la FGR.

Lo primero que salta a la vista es que Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu, que es el funcionario de mayor jerarquía que está siendo investigado, en junio de 2017 denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) de dicha Secretaría que su firma había sido falsificada en un Convenio Marco con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo. En respuesta y sin realizar investigación alguna en su propia sede, o ante la Secretaría de la Función Pública, el OIC traspasó la denuncia directamente a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la entonces PGR. Hay que recordar que el OIC ya había sido omiso en atender las observaciones que consistentemente la ASF había realizado a las cuentas de Sedatu sobre la trama de la 'estafa maestra', y que en sus informes de auditoría de 2016 había consignado precisamente la existencia de convenios con firmas falsificadas.

En la ruta de investigación seguida por la FGR, se ignoró no sólo lo denunciado por la ASF, sino los peritajes con análisis caligráficos que presentó González Tiburcio para demostrar que la firma del Convenio no era suya. Con base solamente en las opiniones de los peritos del propio Ministerio Público, la Fiscalía sometió al exsubsecretario a proceso penal, con lo que de denunciante pasó a ser imputado. En lugar de que se atendiera su demanda por la falsificación de su firma, se le convirtió en acusado por falsedad de declaración ante autoridad. Lo más grave es que en su apelación ante el juez, tampoco fueron aceptadas las pruebas en su defensa.

¿Cómo puede defenderse un servidor público que se anima a denunciar un delito si se le niega la posibilidad de presentar evidencias a su favor? Más aún, si la 'estafa maestra' se refiere al desvío de dinero público, lo que habría que investigar es el origen y el destino de los mismos y está claro que a González Tiburcio no se le investiga por mal manejo de recursos. Resulta indispensable conocer quién autorizó la liberación de los recursos involucrados y el pago de los servicios a la universidad hidalguense, que ascienden a 185 millones de pesos. Si esto no se aclara, si nada se investiga sobre el área y el titular responsable de ejercer los recursos involucrados en esta trama de corrupción, estaremos ante un caso de invención de culpables para simular que se combate a la impunidad.

Entiendo que hay instrucciones precisas de investigar a fondo los grandes escándalos de corrupción para demostrar que sí hay diferencia con lo que se hacía en el pasado. Hoy, que por fin contamos con una Fiscal Especial Anticorrupción, sería el momento de dejar atrás las malas prácticas de inventar responsables, a manera de 'chivos expiatorios', atropellando el debido proceso y las garantías de presunción de inocencia, para aparentar que se persigue a los culpables.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.