Jacqueline Peschard

No es ilegal, pero…

Insistir en las ternas originales para ocupar las vacantes de la CRE es una demostración de fuerza del titular del Ejecutivo, que desafía la capacidad de operación en el Senado.

No es ilegal que el presidente López Obrador haya vuelto a enviar las mismas cuatro ternas para ocupar las vacantes de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) que fueron rechazadas por el Senado de la República, pero sí es ignorar el sentido y los principios que rigen el proceso de nombramiento establecido en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

De acuerdo con el artículo 6º de dicha ley, los integrantes del Órgano de Gobierno de la CRE, que se renuevan escalonadamente, son propuestos por el titular del Ejecutivo a través de ternas y es el Senado el que designa por dos terceras (2/3) partes de los asistentes, previa comparecencia de los aspirantes. Las cuatro ternas enviadas originalmente por López Obrador fueron rechazadas en su totalidad por la Junta de Coordinación Política del Senado al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlas, y el mismo artículo señala que, en tal caso, el presidente deberá someter "una nueva terna", que de ser rechazada una vez más dejará al titular del Ejecutivo en plena libertad para designar de entre los propuestos.

La justificación de AMLO para enviar las mismas ternas recicladas, con sólo un nuevo integrante en la lista original de 12, es que la ley no impide que se haga así; es decir, que las nuevas ternas pueden ser las mismas que previamente se presentaron, porque la ley no señala expresamente que nuevas quiera decir diferentes, por más que tal interpretación sea contraria a toda lógica.

El principio que rige a un nombramiento como el de los comisionados de la CRE –pero también se aplica para los comisionados del INAI, los magistrados del TEPJF o los propios ministros de la SCJN, por ejemplo– es que involucra a dos poderes con objeto de reducir el margen de discrecionalidad de la entidad que propone, es para someter al proceso de selección a un esquema de contrapesos a fin de elevar el nivel de exigencia para que se pueda contar con el mejor perfil posible para ocupar el cargo. Al final, lo que la ley busca en este caso es evitar que el Ejecutivo capture a un órgano regulador que tiene una función técnica relevante, ni más ni menos que en el campo energético, que es clave para el desarrollo de nuestro país.

El presidente ha argumentado que es mejor enviar las mismas ternas que negociar con las fuerzas políticas en el Senado, como se hacía en el pasado en que se optaba por un reparto de cuotas para alcanzar la votación calificada. Sostiene también que lo mejor es garantizar que sean personas leales y honestas y sólo después que tengan altas capacidades técnicas. Hay que recordar que los requisitos que el artículo 8º de la mencionada ley establece para ser comisionado de la CRE son contar con un título profesional vinculado con el sector energético; tener al menos cinco años de experiencia destacada en áreas sustancialmente relacionadas, y no haber ocupado un cargo en empresas sujetas a la regulación de la CRE; es decir, son exigencias básicamente técnicas, además de gozar de buena reputación.

Insistir en las ternas originales es una demostración de fuerza del titular del Ejecutivo, que desafía la capacidad de operación política en el Senado, pues si este es consistente habrá de volver a rechazarlas, dejando en manos exclusivas del presidente el nombramiento de los cuatro comisionados, que es justamente lo que el mecanismo previsto en la ley quiere evitar. Si después de la nueva ronda de comparecencias los senadores llegaran a un acuerdo para designar a los nuevos comisionados, se les percibiría al menos como poco serios en sus evaluaciones, ya que pueden cambiar de opinión entre una fase y otra.

Que el presidente nombre a discreción a los comisionados de la CRE debería ser una medida extrema, orientada a impedir bloqueos de los legisladores que lleven a retrasar indefinidamente los nombramientos. En todo caso, el mensaje de AMLO es que prefiere la designación vertical que la negociación política con las fuerzas de oposición, en buena medida porque, en su opinión, la negociación no es un mecanismo virtuoso de la política que implica considerar las opiniones de los otros para tomar las mejores decisiones, claro siempre que sea entre personas políticamente racionales.

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