La primera pregunta que uno se hace cuando observa una campaña para minar la autoridad de un organismo que cumple funciones clave en los procesos electorales es, ¿a quién beneficia y por qué ahora? En días pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ocupado espacios mediáticos, pero no por las sentencias que emite, que son la materia esencial de su trabajo, sino por la confluencia de pugnas internas y presiones externas que parecen coincidir en un objetivo común: debilitar su autoridad, e inclinar la balanza dentro de dicho órgano colegiado a favor de quienes respaldan los intereses y las posiciones del gobierno actual.
Desde fuera, un grupo de senadores de Morena presentó una iniciativa para reducir el periodo de nombramiento de cuatro de los actuales magistrados –dos de ellos de ocho a seis años y otros dos de siete a tres años– con el argumento de "eliminar privilegios", pero, aunque no se dice expresamente, también se busca renovar los cargos más rápidamente, para cambiar el equilibrio interno del Tribunal a favor de los intereses políticos dominantes.
Es cierto que en 2016 el Senado, con mayoría relativa del PRI, incurrió en un despropósito semejante, pero a la inversa, porque después de haber nombrado y tomado la protesta a los actuales magistrados por sus respectivos periodos, resolvió extendérselos a cuatro de ellos, con el argumento de darle mayor estabilidad al órgano jurisdiccional. Hoy, tres años después de aquel atropello a la certeza jurídica, y cuando ya hay claridad sobre las posturas que asume cada uno de los magistrados, Morena quiere echar marcha atrás, y la única manera de leer esta pretensión del partido en el poder es avanzar en el control del tribunal constitucional, que tiene la última palabra en los litigios y la calificación de las elecciones tanto federales como locales.
Es natural que los órganos colegiados estén sujetos a tensiones internas, su diseño institucional fomenta el protagonismo de sus integrantes; pero en los tribunales estas suelen procesarse con discreción. Sin embargo, esa práctica parece haberse abandonado, en buena medida porque las diferencias internas son expresión, a la vez que alientan las presiones de fuera. Hay que recordar que, a raíz de la votación dividida que resolvió la controvertida elección de gobernador de Puebla a favor de la candidata panista, Martha Erika Alonso, en 2018, se desataron acusaciones mutuas de recibir presiones del gobierno para orientar sus respectivas opiniones. Al final, ello derivó en la renuncia de Janine Otálora a la presidencia del Tribunal, porque, en su opinión, la vida institucional del país vivía un cambio y había que facilitar la transición. Era difícil no ver detrás de esa decisión personal presiones externas, provenientes de una nueva mayoría existente en el país.
Hoy vuelven a aparecer tensiones internas, ahora respecto de un asunto de naturaleza aparentemente administrativa, por la determinación de la Comisión de Administración del Tribunal de cancelar un seminario internacional sobre democracia y elecciones en América Latina, quince días antes de su realización, con el argumento del ahorro. Dicha cancelación motivó la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez al Comité Académico del TEPJF, organizador del evento, por considerar que atentaba contra su autonomía para dictar las directrices de investigación y editoriales del Tribunal, además de que el presupuesto había sido aprobado por el Pleno desde principios de año. Lo que siguió fueron acusaciones de despilfarro, en trascendidos, que muestran divisiones internas fuertes que, desgraciadamente, no pueden disociarse de la tentación externa de alterar los equilibrios dentro del TEPJF.
El Tribunal Electoral es una pieza clave de la legalidad, la certeza y la imparcialidad de nuestro sistema electoral. Es preocupante que la mediatización de sus fricciones internas esté siendo aprovechada para debilitar su autoridad, a fin de sujetarlo a los dictados políticos mayoritarios.