Jacqueline Peschard

Un discurso sin contrapesos

El problema con los comentarios del presidente es que los emite en un escenario sin contrapesos, y su gabinete y legisladores de Morena los asumen como instrucciones.

En días pasados, en una gira por municipios de Puebla, el presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la FEPADE que cuiden la nueva elección de gobernador del estado, para que no haya fraude y evitar que vuelvan a generarse unos comicios cuestionados como los previos. Esta instrucción a la FGR y la Subprocuraduría, que por cierto son entidades autónomas, no subordinadas al Ejecutivo federal, contrasta con la desconfianza que AMLO ha manifestado respecto del INE y el TEPJF cuando sus resoluciones no han sido favorables a los intereses de Morena. Recordemos su enojo frente a la multa que impuso el consejo general del INE al fideicomiso de reconstrucción de Morena, debido a la opacidad en su manejo y a las violaciones a las normas sobre el ejercicio del gasto de los partidos, o su reprobación al Tribunal Electoral cuando se pronunció mayoritariamente a favor de reconocer el triunfo de Martha Erika Alonso en Puebla.

El problema con los comentarios de López Obrador es que los emite en un escenario sin contrapesos, lo cual provoca que los funcionarios de su gabinete y los dirigentes y legisladores de Morena los asuman como instrucciones. Sus seguidores interpretan sus opiniones en contra de las instituciones electorales como una orden o, cuando menos, como un permiso para presionar a quienes adoptan posiciones diferentes, o para directamente tratar de intervenir en el funcionamiento de alguno de los organismos. Así hay que entender la reducción del presupuesto al INE por 950 millones de pesos, que aprobó la mayoría de la Cámara de Diputados sin que mediara fundamento o motivación alguna, eso sí, dejando intocable el financiamiento de los partidos políticos, por donde no pasa la política de austeridad.

En el mismo sentido, la renuncia de Janine Otálora a la presidencia del Tribunal Electoral (TEPJF), 48 horas después de que el Congreso de Puebla, de mayoría morenista, nombrara como gobernador interino a un priista aliado y no a alguien del mismo grupo político de la desaparecida gobernadora, no puede entenderse más que como consecuencia de la tensión interna que había provocado validar el triunfo de la esposa de Moreno Valle como gobernadora de Puebla, contrariando al partido del gobierno. La propia magistrada Otálora explicó que su renuncia obedecía a la necesidad de que el Tribunal se adaptara a los cambios que vive la vida institucional de México, para facilitar la transición a la nueva época, así como para superar la tensión a la que se había sometido la institución al verse involucrada en un conflicto político.

¿A qué se refería con los cambios en nuestra vida institucional? Entiendo que fue una manera de referirse a lo que ha provocado en nuestra vida política la existencia de una fuerza política dominante, con débiles contrapesos y que lamentablemente ha impactado al órgano jurisdiccional que tiene la última palabra en las elecciones en México.

Mientras el TEPJF cedió a las presiones de la nueva mayoría política del país, el consejo general del INE echó mano de su fortaleza como órgano constitucional autónomo para demandar que Hacienda le restituya la parte que los diputados le cercenaron a su presupuesto. Ello con el fin de poder cumplir con el mandato legal y constitucional que tiene de organizar elecciones en seis estados del país y de expedir gratuitamente millones de credenciales de elector, entre muchas otras tareas. Ante lo que el INE consideró una violación a su autonomía e independencia, su estrategia fue, primero negociar con Hacienda para no pagar el Impuesto Sobre la Renta o, en su defecto, interponer una controversia constitucional ante la SCJN, por la invasión de la Cámara de Diputados en su esfera de competencias.

La buena noticia es que el INE ha mostrado su fortaleza institucional para defender el mandato constitucional que tiene, de garantizar que se lleven a cabo todos los procesos necesarios para organizar democráticamente las elecciones en nuestro país. La mala es que la nueva mayoría política ignore a las instituciones que, siendo autónomas, tienen el cometido de servir de contrapeso.

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