¿A quién le corresponde garantizar la seguridad en la UNAM? El homicidio de dos narcomenudistas en los terrenos universitarios, junto con asaltos a miembros de la comunidad, han vuelto a colocar en el centro el debate de la relación entre autonomía y seguridad pública.

Hay una gran confusión respecto de cómo se debe garantizar la seguridad pública en espacios de autonomía y a quién le corresponde tal responsabilidad. La confusión obedece, por una parte, a la incomprensión sobre el significado de la autonomía universitaria, y por otra, a la insistencia de los responsables de la seguridad pública de que los terrenos universitarios están al margen de su actuación, salvo que medie solicitud expresa de las autoridades académicas. El hecho de que los agentes policiales y ministeriales no tengan presencia regular en las instalaciones universitarias –sí la tienen cuando hay juegos en el estadio de CU, gracias al convenio que existe entre ambas partes– no significa que dejen de ser los encargados de la persecución de los delitos que ahí se cometan, o de la detención de los infractores. De lo contrario, podría suponerse que la autonomía los estaría despojando de su competencia, lo cual es un despropósito.

Pero la ambigüedad que priva no es nueva; ha estado presente a lo largo de la historia, incluso después de los años ochenta en que la autonomía universitaria se elevó a rango constitucional y, por ello, siempre resurge en circunstancias de incremento de actos delincuenciales dentro de la UNAM. Tal parece que la ambigüedad ha servido para justificar que los cuerpos de seguridad, sobre todo locales, escatimen sus responsabilidades.

La autonomía de las instituciones públicas de educación superior es la protección constitucional de la que gozan para llevar a cabo sus tareas académicas en un ambiente de libertad, que es indispensable para dar cabida a la discusión de una pluralidad de ideas y corrientes de opinión. El artículo tercero constitucional establece que la autonomía universitaria implica responsabilidad para gobernarse, para emitir sus reglas internas y fijar sus planes y programas de estudio, así como sus mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y para administrar su patrimonio. En ningún momento señala que la autonomía implique contar con cuerpos policiacos propios.

Lo que sí deben hacer las autoridades universitarias es procurar que existan condiciones adecuadas para que los miembros de su comunidad cumplan sus respectivas tareas, de ahí que cuente con personal de vigilancia y de auxilio para obtener información sobre posibles actos delictivos para generar alertas. Pero, ¿qué sucede si aparecen focos de agresión o amenazas a la integridad de sus miembros? Su función es denunciarlos de inmediato para que las autoridades públicas competentes actúen, siempre en colaboración con las universitarias, quienes ofrecerán la información a su alcance para hacer más eficiente su trabajo.

El narcomenudeo ha crecido significativamente en nuestro país y, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, la Ciudad de México está entre las que hoy tienen mayor incidencia de este tipo de tráfico. El Gobierno de la Ciudad de México y el propio comisionado nacional de Seguridad Pública han declarado que son respetuosos de la autonomía universitaria y que no ingresarán a sus instalaciones, salvo que lo solicite el rector. Otra vez el falso dilema, pues son las fuerzas de seguridad quienes han de investigar, ubicar y detener a los delincuentes y, a partir de un buen entendimiento y ánimo de cooperación con las autoridades universitarias, puedan desplegar la acción policiaca o del Ministerio Público.

A la UNAM le toca echar mano de sus instrumentos educativos para reforzar el conocimiento de la comunidad sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes, y para animar a sus integrantes a denunciar cualquier infracción en los espacios universitarios. Está probado que los grandes volúmenes de dinero que manejan los narcomenudistas (se calcula que ascienden a 100 mil pesos al día) es un elemento capaz de pervertir a comunidades enteras. Por ello, es buena señal que la UNAM haya destituido a tres de sus vigilantes por no responder a la denuncia de un estudiante frente a un acto en flagrancia de venta de drogas. Sólo así reforzaremos nuestros frágiles y, por cierto, cada vez más reducidos espacios de libertad.