Sorprendió mucho que el Senado votara por unanimidad modificaciones sustantivas a la minuta de la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional para la Guardia Nacional. Pocos esperábamos que el partido del gobierno atendiera los argumentos fundados de académicos y expertos de la sociedad civil, o que la oposición adoptara una posición unificada para negociar con Morena y moverlo de su posición original, dictada directamente desde Palacio Nacional.
El liderazgo personalista y el fuerte respaldo popular del presidente López Obrador y la mayoría disciplinada de Morena, con unos partidos de oposición fragmentados y deslegitimados, nos había acostumbrado a que sus iniciativas se aprobaran sin problema. Es más, el arrastre de AMLO convirtió a Morena en un eficaz polo de atracción para partidos acostumbrados a gravitar alrededor de los ganadores, como el Verde Ecologista, o en franco proceso de extinción, como el PRD, y ello le facilitó las cosas.
La votación unánime en el Senado con cambios relevantes al proyecto del gobierno sobre la Guardia Nacional, contrasta también con la manera como se procesó, casi paralelamente, la reforma al artículo 19 constitucional, relativa a la ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa. Sin pretender que lo que estaba en juego en ambas reformas constitucionales fuera de la misma envergadura, sí tenían varios elementos en común, pues el objetivo expreso que perseguían era contribuir a restablecer la paz social. Las dos reformas buscaban hacer más eficaz la persecución del delito y combatir la inseguridad. En el caso de la Guardia Nacional, la constitucionalización de un cuerpo con militares y marinos involucrados en labores de seguridad pública, se presentó como la única vía para atajar la violencia que inunda al país. Paralelamente, incrementar en ocho el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin necesidad de que el MP realice una investigación inicial, era vista como la fórmula para castigar eficazmente a los delincuentes.
En ambos procesos legislativos, organizaciones de la sociedad civil nacionales y organismos internacionales formularon fuertes críticas, porque implicaban erosionar la institucionalidad civil y vulnerar el ejercicio de derechos humanos, así como convertir en práctica regular medidas que deben ser excepcionales en un Estado democrático de derecho, como son la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, o la prisión preventiva oficiosa. En ambos casos se abrieron foros para debatir sobre las alternativas existentes, porque ante la urgencia de agilizar la lucha contra la violencia que mes a mes sigue aumentando, y de fortalecer al MP porque nueve de cada 10 detenidos son liberados antes de que sean turnados al juez, las iniciativas ignoraban riesgos de violaciones graves a derechos humanos o a compromisos internacionales firmados por México.
Está claro que el debate público sobre la Guardia Nacional fue mucho más intenso y extenso que el relativo a la prisión preventiva oficiosa, y que desde la óptica del presidente el tema es central para su agenda de gobierno. ¿Cómo explicar no sólo que los partidos de oposición dejaran atrás sus cálculos y diferencias, incluso internas, como en el caso del PRI, para respaldar las modificaciones a la minuta de la Guardia Nacional, sino, sobre todo, que el presidente las aceptara siendo que contrariaban su propuesta original con la que estaba empeñado?
Es difícil saber qué provocó que se alinearan las posiciones, pero es indudable que sin la anuencia presidencial habría sido impensable que transitaran los cambios a la minuta de la Guardia Nacional. El éxito de la operación política del líder de Morena en el Senado fue hacer que la unanimidad a favor de los cambios apareciera como un logro de la oposición cohesionada y de la voluntad de negociar del partido mayoritario, más que como una decisión avalada previamente por el presidente López Obrador.