En los últimos días, se han publicado muchos artículos criticando la adquisición o “nacionalización”, como lo llama el presidente López Obrador, de las 13 plantas de energía de Iberdrola por un monto de 6 mil millones de dólares. La mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo en que la gran beneficiaria es la empresa española Iberdrola, mientras que el perdedor es México.
Para la gran mayoría de los analistas, este tipo de transacciones son de suma cero, si alguien gana, el otro pierde. Sin embargo, existen ocasiones en las que ambas partes pueden salir beneficiadas de una transacción. El tema de suma cero se utiliza frecuentemente en otras situaciones, por ejemplo, en el tema de migración. El análisis que hacen es que los migrantes presionan los salarios a la baja perjudicando a los trabajadores del país. Por supuesto, esto depende de muchas variables y esto no les gusta reconocer a los analistas antimigrantes. En general, la migración no es de suma cero, sino positiva.
Regresando al tema de la compra de las plantas de energía, en mi opinión, no hay suficiente información disponible para determinar si la adquisición fue mala, neutral o buena para el gobierno mexicano, incluso en el supuesto de que haya sido beneficiosa para Iberdrola. Financieramente hablando, para determinar si la adquisición es mala, neutra o buena, es necesario conocer muchas variables, entre las que se encuentran la vida útil de los activos adquiridos, el costo de producción y el precio de venta. Toda esta información no se ha transparentado.
Dado que las plantas están en funcionamiento, los ingresos que el gobierno mexicano reciba de los usuarios de la energía eléctrica podrían generar flujos positivos de manera constante y predecible. De ahí, saldrían los fondos para pagarle a Iberdrola. Es decir, lo que el gobierno mexicano ha hecho es una especie de lo que en inglés se llama leverage buyout, compra apalancada. El dinero para el pago no sale del gobierno. Seguramente en la estrategia de la compra estuvo involucrado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y si en algo tiene experiencia él, es en este tipo de transacciones. Por muchos años, ha sido consultor del sector privado.
AMLO podría hacer algo similar con las empresas que insisten que México violó el T-MEC. En mi artículo publicado el 29 de agosto de 2022, titulado “El T-MEC y las opciones de AMLO”, exploré esta alternativa que podría ayudar al gobierno a reparar su relación con los inversionistas extranjeros. Esta alternativa consistiría en ofrecerles la compra de sus empresas, lo que garantizaría a todos que realizaron inversiones en infraestructura energética la recuperación de sus inversiones más un rendimiento.
¿Cómo se determinaría el precio a pagar? Una forma de calcular este incluiría el valor de la inversión original más una tasa de retorno que podría ser o no la que habían calculado los accionistas. Se les garantizaría a todas las empresas que realizaron inversiones en infraestructura energética el pago durante los próximos 15 o 20 años, de acuerdo con las estimaciones que hicieron cuando decidieron invertir.
Algo similar a lo que se hizo con los inversionistas de los bonos del NAIM, que según entiendo, los extranjeros quedaron satisfechos; con la gran diferencia que, en el caso de la cancelación de NAIM, no existe ningún flujo positivo de ingresos. Ahí sí, el pueblo mexicano es el que tiene que pagar tanto el capital como los intereses. No hay una fuente de repago. Una pésima decisión, por cualquier lado que se le quiera a ver.
En el caso del T-MEC con esta estrategia se acabarían las reclamaciones y no habría sanción. Todos felices.
Las narrativas no tienen que ser solo para vender, como dicen los periodistas serios, es mejor una noticia tarde que una noticia mal hecha. Los análisis incompletos, lo único que hacen es darle más fuerza a las narrativas de AMLO.