La reciente reforma constitucional promovida por AMLO, entre otros, establece la elección de todos los miembros del Poder Judicial por votación popular, ha desatado una controversia tanto a nivel nacional como internacional. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y otros miembros prominentes de Morena, como Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, han intentado calmar las aguas asegurando que este cambio fortalecerá la transparencia y la democracia en el país, y que las inversiones están más seguras que nunca. Sin embargo, las señales provenientes de la comunidad internacional, cámaras de comercio, las calificadoras de riesgo y los medios de comunicación, entre otros, sugieren un escenario mucho más complejo y lleno de incertidumbre.
Las implicaciones de esta reforma en el ámbito de las inversiones extranjeras serán profundas y preocupantes. Una de las principales inquietudes de los inversionistas internacionales es el posible debilitamiento de la independencia judicial. En un contexto donde el narcotráfico ya ha demostrado su capacidad para influir en la selección y votación de candidatos en diversas regiones, este nuevo panorama amplía aún más las oportunidades para la corrupción. Además, resulta ingenuo pensar que millones de votantes estarían en condiciones de elegir adecuadamente entre más de cuatro mil candidatos para integrar el sistema judicial. La justicia imparcial y la estabilidad legal son pilares fundamentales que los inversionistas consideran al evaluar dónde colocar su capital. Un sistema judicial susceptible a la influencia de campañas políticas, el populismo y el crimen organizado representa un riesgo inminente para la seguridad de las inversiones.
Los inversionistas internacionales ya están reevaluando su estrategia en México. Aunque no necesariamente se retirarán del mercado, buscarán nuevas condiciones que les ofrezcan mayor seguridad jurídica. Una de estas será la exigencia de que los contratos comerciales se rijan por leyes extranjeras, especialmente las de Estados Unidos, y que cualquier disputa legal se resuelva en cortes como las de Nueva York. Si México no acepta estas condiciones, los inversionistas no llegarán. De nada servirán las garantías que les darán los negociadores mexicanos.
Recurrir a sistemas legales extranjeros para proteger inversiones representa un retroceso en los esfuerzos de México por fortalecer su Estado de derecho. Esta dependencia afecta la soberanía legal del país, sometiendo decisiones clave a jurisdicciones extranjeras.
El cambio constitucional impulsado por AMLO está teniendo consecuencias más allá del ámbito legal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, está aprovechando la incertidumbre generada por esta reforma para atraer inversiones que, en lugar de dirigirse a México, opten por establecerse en Texas. Abbott ha sostenido reuniones con empresarios estadounidenses y mexicanos, ofreciendo incentivos y promesas de certeza jurídica e incentivos fiscales para motivarles a invertir en su estado. También la Texas Public Policy Foundation está aprovechando la preocupación de inversionistas para invitarlos a invertir en Texas. Esta estrategia no es exclusiva de los republicanos; los gobernadores demócratas también están buscando aumentar la participación de la industria en sus estados, redirigiendo potenciales inversiones que de otro modo podrían haber elegido México como destino.
La comunidad internacional, que una vez veía a México como un destino atractivo para la inversión gracias a su proximidad con EU y a su mano de obra competitiva, ahora está considerando nuevos términos y condiciones para proteger sus intereses. Adiós al nearshoring.