En el debate sobre el proteccionismo de Trump, muchas voces en México y el mundo han insistido en que la imposición de aranceles es un error que dañará tanto a los consumidores estadounidenses como a la economía global. Esta visión se centra en los efectos económicos de los aranceles. Sin embargo, para Trump y sus allegados el tema es más amplio.
Sea verdad o no, el hecho es que Trump y sus asesores creen qué el acero, el aluminio y la industria automotriz, entre otras, son estratégicas y busca que las empresas que trasladaron sus operaciones a México y Canadá regresen a Estados Unidos no solo como parte de sus promesas de campaña, sino porque consideran que es una cuestión de seguridad nacional ante los cambios geopolíticos.
Asesores de Trump defienden la aplicación de lo que llaman “proteccionismo estratégico”. Esto no implica cerrar por completo los mercados, sino fomentar la producción local mediante subsidios, incentivos fiscales y acuerdos comerciales más equilibrados. A quienes argumentan que estas políticas aumentarían el costo de los productos y perjudicarían a la economía, los asesores de Trump responden con una analogía: lo ven como pagar el seguro de una propiedad, que aunque implique un costo adicional, proporciona la protección necesaria frente a riesgos impredecibles.
El equipo de Trump no busca revitalizar industrias con base en la eficiencia económica. El trasfondo de estas políticas es la autonomía estratégica en un mundo cada vez más volátil. La deslocalización de sectores como el acero y la industria automotriz ha dejado al país en una posición vulnerable ante posibles crisis geopolíticas o disrupciones en las cadenas de suministro. En este sentido, traer de vuelta estas industrias no es solo una cuestión económica, sino de asegurar que, en un momento crítico, Estados Unidos no dependa de terceros para bienes que considera esenciales.
Pero hay otro factor que agrava la preocupación estadounidense por la que quiere que las empresas regresen de México: los carteles, la inseguridad y la fragilidad institucional. A Washington le inquietan la incursión del crimen organizado en la política, los cambios legales, particularmente las reformas constitucionales que afectan la independencia del Poder Judicial y el debilitamiento de organismos autónomos. Para la administración Trump, todos estos generan dudas sobre la solidez institucional y la certeza de que México podrá seguir siendo un proveedor confiable a largo plazo.
El crimen organizado ha evolucionado más allá del narcotráfico y ahora tiene capacidad para interferir en la logística comercial. Además, el control que los cárteles ejercen en ciertas regiones les permite cerrar carreteras, atacar trenes de carga, cobrar derechos de piso,y mucho más. Actualmente, ya el poder de alterar las cadenas de suministro en momentos críticos. En un contexto de crisis, la posibilidad de que estos grupos afecten el flujo de bienes estratégicos hacia Estados Unidos se convierte en una amenaza real para su seguridad nacional.
La postura del gobierno mexicano frente a dictadores como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua tampoco ayuda a disipar las dudas en Washington. La defensa de estos regímenes autoritarios que han generado millones de migrantes, refuerza la percepción de que México podría alejarse de sus compromisos con la estabilidad y la democracia en la región.
Ante este panorama, México debería reconsiderar su enfoque en las negociaciones. En lugar de centrarse en criticar las políticas arancelarias y preocuparse por los consumidores norteamericanos, es fundamental entender que Estados Unidos no solo está tomando decisiones económicas. El reto no es demostrar que el libre comercio sigue siendo beneficioso, sino garantizar que México pueda ser un socio confiable en cualquier escenario y que conserva un Estado de derecho.
La discusión sobre los aranceles y la relocalización de industrias clave no puede reducirse a un simple debate sobre costos y eficiencia. Es ridículo pensar que los asesores de Trump, Peter Navarro y Robert Lighthizer no entienden las implicaciones económicas de sus propuestas. Para Trump y sus allegados existen otros temas que incluyen la seguridad nacional y México haría bien en reconocerlo. El reto es construir una agenda de negociación que equilibre los intereses de ambos países y garantice estabilidad en un mundo en constante cambio.
