Furor expropiatorio
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Furor expropiatorio

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Furor expropiatorio

30/07/2019
Actualización 30/07/2019 - 12:50

1. La Ley Federal de Extinción de Dominio considera los siguientes causales para su aplicación: a) delincuencia organizada, b) secuestro, c) delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y químicos, d) delitos contra la salud, e) trata de personas, f) corrupción, g) encubrimiento, h) delitos cometidos por servidores públicos, i) robo de vehículos, j) recursos de procedencia ilícita y k) extorsión. Son muchos y no se entiende por qué, por ejemplo, se incluye el robo de vehículos.

2. La Convención de Palermo establece sólo cuatro causales: delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción y encubrimiento. El largo listado de la ley en México sólo se explica por un furor expropiatorio, que se alimenta a sí mismo. Entre más causales, más expropiaciones.

3. Otro tema relevante: el ‘tercero de buena fe’. Alguien que renta una casa o un local (comercial o bodega) a un inquilino que comete un ilícito, se verá sujeto a proceso de extinción. Para evitarlo deberá probar que no tenía conocimiento de lo que allí ocurría. Pero si el juez considera que esa prueba es insuficiente, el bien en cuestión será sometido a extinción y podrá incluso ser rematado antes de que concluya el proceso. Esto último es un abuso sin precedente de la ley y el Estado. No se puede ni se debe sancionar a nadie sin antes concluir el debido proceso. En castellano: es un despojo legaloide.

4. Pero la agudeza de la ley es mucho más profunda. Lo que le impone al arrendatario es una obligación: o denunciar ante la autoridad competente, para que se proceda contra el inquilino, o intentar impedir el delito por algún medio.

5. Obligar a un ciudadano común y corriente a convertirse en informante de la autoridad es, de por sí, una barbaridad. Equivale a penalizar a cualquier persona que, percatándose de que se está cometiendo un delito, no lo denuncie inmediatamente. O un ciudadano X que siendo vecino de un capo, no lo haya notificado a las autoridades.

6. Así que, por principio, lo anterior es una aberración. Pero levantar esa espada de Damocles sobre ciudadanos de un país donde la tasa de homicidios no ha cesado de crecer, los niveles de impunidad rondan el 99 por ciento, y donde el poder del crimen organizado es enorme, amén que suele controlar o estar coludido con las autoridades, es obligarlos a poner en riesgo sus vidas o sufrir tremendas represalias.

7. Lo anterior no es trama de novela negra. El País publicó la historia de un joven que abordó a AMLO, en Nayarit, pidiéndole protección porque estaba siendo amenazado de muerte para despojarlo de sus tierras. La respuesta del presidente fue: busca al gobernador. El joven lo hizo. Le dieron una cita dentro de 15 días. Pero antes de cumplirse el plazo fue secuestrado, aparentemente por policías estatales. Hay denuncias de contubernio entre criminales y autoridades. A la fecha, sigue sin aparecer.

8. Lo que nos lleva a otro tema. La ley aprobada es de carácter nacional. Esto significa que si cada estado no la replica a nivel local, se aplicará la nacional. Así que es previsible que cada entidad arme su propia ley de extinción de dominio siguiendo las pautas federales.

9. Inútil decir que semejante escenario habría hecho felices a Javier Duarte y Roberto Borge, que hubieran tenido el instrumento perfecto para despojar a legítimos propietarios, mediante la siembra de armas –o drogas– o como ‘terceros de buena fe’.

10. Y, como demuestra el caso de Nayarit, dado que el reino de la justicia no ha llegado y la impunidad es altísima, se puede concluir que la Ley Federal de Extinción de Dominio y las locales provocarán una serie de expropiaciones con propósitos aviesos o ‘justicieros’.

11. A estas alturas es imposible suponer que todo esto sean meras confusiones o despropósitos sin sentido. En CDMX se discute una ley de extinción de dominio que se aplicará a quien viole un reglamento (romper un sello de clausura) en cualquier propiedad. Esto equivale, como advierte el exprocurador Morales Lechuga, a que se estableciera que quien se pase un alto será sancionado con la expropiación de su vehículo.

12. Es por eso que el espíritu del legislador puede definirse por una vieja frase de Proudhon: ‘la propiedad es un robo’, aderezada con el adagio: ‘ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón’.

13. Dije ‘espíritu del legislador’ y vale subrayarlo: los senadores de oposición, de todos los partidos, votaron a favor de este engendro que terminará despojando a ciudadanos honrados y, entre ellos, a los más desfavorecidos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.