Hoy quiero iniciar esta colaboración para El Financiero con una frase que hace muchos años el entonces procurador general de la República, licenciado Óscar Flores Sánchez, me dijo, en mi carácter de agente del Ministerio Público Federal Especial: “Coello, sin reo no hay justicia”.
Por eso hoy me pregunto, ¿por qué la Fiscalía General de la República no ha actuado en el tema más lacerante —a mi manera de pensar— que vivió este país, con motivo de la pandemia de covid-19, en donde perdieron la vida ochocientos mil mexicanos?
Desde el año 2020, se presentaron varias denuncias por estos hechos, con apariencia del delito de homicidio por omisión.
Estas denuncias fueron presentadas por diversas víctimas en contra del doctor Hugo López-Gatell, en aquel entonces en su calidad de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud federal, por su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública, toda vez que este señor, de conformidad con la ley, tenía el deber y la obligación de haber prevenido con acciones efectivas y oportunas la pandemia generada por el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), toda vez que a nivel internacional se tenía pleno conocimiento del inicio de esta pandemia, tal y como lo advirtieron oportunamente tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud. La negligencia y soberbia de este funcionario y de otros más, provocaron la muerte de miles de mexicanos, yo no quiero afirmar que López-Gatell haya traído el COVID-19, lo que sí afirmo es que, con suficiente tiempo se debía haber instrumentado una serie de medidas, que no se hicieron, incluso, a nivel internacional ya se habían tomado medidas, de las cuales, este irresponsable funcionario se burló cuando públicamente manifestó que el cubrebocas no era necesario, cuando arbitrariamente impidió que los hospitales privados practicaran las pruebas clínicas para determinar el virus, cuando de forma increíble engañó no solamente a la opinión pública, sino al propio presidente de la República.
No entiendo el motivo por el cual el Ministerio Público de la Federación, lleva dos años sin poner atención a este grave caso, incumpliendo con las obligaciones constitucionales y procesales que motivan al Ministerio Público para la investigación de los hechos, incluso pretendiendo, en una ocasión, la abstención de investigar; en dos ocasiones determinaron el No Ejercicio de la Acción Penal, habiendo acudido las víctimas ante la justicia federal, en donde los jueces de control federal especializado determinaron que la Fiscalía tenía que seguir con sus actos de investigación.
Es importante señalar que todos los hechos que se denunciaron por las víctimas han sido corroborados por el informe emitido por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, en donde claramente, este organismo integrado por diversos expertos médicos, concluyó una serie de irregularidades cometidas por las autoridades responsables, en su momento, de custodiar y salvaguardar la salud de los mexicanos.
No puede ser que, en este lamentable caso, en donde por negligencia, repito, e irresponsabilidad de López-Gatell, hayan muerto tantos mexicanos, se hayan quedado sin padre y madre niños y jóvenes, y no se haya determinado formar una fiscalía especializada para la investigación de estos hechos.
¿Qué, acaso, la muerte de estos mexicanos no amerita una atención especial del gobierno? Si bien es cierto, es terriblemente lamentable la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, en donde sí se creó una fiscalía especializada para investigar estos horrendos crímenes o ¿qué, ochocientos mil mexicanos no tienen el derecho de que se investigue?
Por falta de deber, de cuidado, no amerita la creación de una fiscalía especial para investigar estos hechos; me pregunto ¿qué acaso somos dos tipos de mexicanos? O, ¿es un asunto político? Qué triste es ver que la justicia no se aplica por igual en este México que se desangra por la falta de voluntad de quienes tienen la sagrada obligación de velar por la seguridad, la salud y la aplicación de la justicia.
México ya eligió quién regirá los destinos del país, por lo que las víctimas solicitan la intervención de la nueva y futura presidenta para que se haga justicia. Y qué razón tenía el entonces procurador general de la República cuando dijo “sin reo no hay justicia”.