Despertar todos los días con noticias de homicidios y violencia se ha convertido en una triste rutina para los mexicanos. La sensación de inseguridad nos envuelve y nos hace preguntarnos: ¿qué está haciendo el gobierno para combatir este flagelo? Con más de siete mil bandas criminales operando en el país, la pregunta es inevitable: ¿qué ha hecho el gobierno para detener esta marea de violencia que nos consume?
Cuando la autoridad falla, ya sea por ineficiencia, negligencia o corrupción, el crimen organizado llena esos espacios. La inacción gubernamental se convierte en terreno fértil para la delincuencia. La Constitución otorga al Ejecutivo federal la responsabilidad de salvaguardar nuestra seguridad. Sin embargo, la delincuencia ha crecido exponencialmente en la última década. ¿Por qué?
Durante el gobierno de Felipe Calderón se creó la Policía Federal, un esfuerzo para consolidar diversas fuerzas policiales bajo un solo mando. Se hizo una inversión significativa, pero la falta de liderazgo y compromiso adecuados impidió su éxito. Esta fuerza, aunque bien intencionada, sufrió desde el inicio por la mala administración y la corrupción dentro de sus filas, lo que socavó su efectividad. Los ciudadanos esperaban un cambio tangible, pero la realidad fue distinta.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se creó la Guardia Nacional, prometiendo restaurar la paz y combatir la delincuencia. Sin embargo, cinco años después, los resultados son desalentadores. La Guardia Nacional, formada principalmente por soldados, carece de las habilidades necesarias para investigar delitos. La prevención y la investigación de delitos requieren enfoques diferentes, y la Guardia Nacional no ha logrado cumplir con ambas funciones. Además, la falta de coordinación con otras fuerzas de seguridad ha creado un vacío en la implementación de políticas efectivas.
El presupuesto destinado a la Guardia Nacional ha crecido significativamente. Para 2021, el presupuesto asignado ascendía a 103 mil 935 millones de pesos, lo que representaba el 0.41 por ciento del PIB y, evidentemente, era significativamente mayor al presupuesto más alto destinado a la Policía Federal en 2015. Sin embargo, este aumento no se ha traducido en una mejora perceptible en la seguridad pública. De hecho, los homicidios dolosos y otros crímenes violentos han continuado en niveles alarmantes, demostrando la ineficacia de una estrategia basada en la militarización de la seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la militarización de la Guardia Nacional, señalando que esto socava los derechos humanos y la seguridad ciudadana. La militarización no solo aleja a las fuerzas de seguridad de su propósito civil, sino que también introduce una dinámica de conflicto y represión que es inadecuada para enfrentar problemas de seguridad pública complejos y multifacéticos.
En lugar de fortalecer la Guardia Nacional, sería más eficaz reformar las fuerzas de policía civil, asegurando su profesionalización y combate a la corrupción. Las fuerzas militares, entrenadas para la defensa nacional, no están preparadas para asumir roles de seguridad pública y de investigación, que requieren proximidad con la comunidad y una comprensión profunda de las dinámicas locales delictivas.
La inseguridad no es un problema sin solución. Exijamos un gobierno que actúe con eficacia y compromiso, enfocándose en estrategias de seguridad pública, civiles y profesionales. La seguridad de nuestras familias y nuestro futuro está en juego. No podemos permitir que la impunidad y el miedo dicten nuestro destino. Es momento de reconsiderar la militarización de la seguridad pública y devolverle su carácter civil para realmente combatir el crimen y restaurar la paz.
En conclusión, esperemos que la virtual presidenta electa de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ponga profunda atención a este doloroso problema, y si como dice, continuará con el segundo piso de la cuarta transformación, quien se fundamenta entre otras cosas en los criterios esgrimidos por el presidente Don Benito Juárez; tal y como lo manifiesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro ¡Gracias!, en la página 384, último párrafo: La austeridad nuestra se inspira en el criterio del presidente Benito Juárez, “bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden responder de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.
En la víspera de la despedida que deberá formalizarse en el último minuto del treinta de septiembre próximo, la administración saliente deja, como herencia sucesoria, algunas papas calientes a quienes deberán continuar con su legado transformador.
A escasas semanas de que concluya su mandato, el gobierno federal ha puesto en marcha toda la maquinaria del Estado para impulsar una serie de reformas constitucionales y legales que, indubitablemente, serán aprobadas en la próxima legislatura, en la que tendrá mayoría calificada el movimiento regenerador.
La parafernalia argumentativa que se ha diseñado mediante foros de discusión representa, en la práctica, un mecanismo legitimador de una decisión ya tomada que sellará el destino de la República en los años venideros y puede acarrear toda suerte de antagonismos, tanto en la convivencia interna como en las relaciones con el exterior, dadas las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales de las pretendidas reformas que se traducirán en facultades omnímodas del Ejecutivo, sin frenos ni contrapesos reales.
Las iniciativas reformadoras, apoyadas mediáticamente desde distintos espacios, merman sensiblemente la calidad de la discusión, en los que la diatriba lapidaria y los señalamientos de corrupción y privilegios campean, particularmente en lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, desluciendo los razonamientos y la solidez de la argumentación.
La narrativa descalificadora generada desde palacio en contra de los togados ha cobrado fuerza y se percibe como una revancha de despedida por los agravios del pasado y que, aprovechando el impulso, allana el camino a la sucesora en la ardua tarea de conducir los destinos nacionales.
Y ya entrados en gastos con los mensajes de despedida, no podrían faltar aquellos destinados a ‘los enemigos jurados del gobierno’ como han sido catalogados algunos personajes por el flamante jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las investigaciones de esta entidad gubernamental cuya función fundamental es la prevención del lavado de activos, enderezadas en contra de un conocido medio de comunicación, han sido divulgadas con lujo de detalles, con la evidente intención de exhibir actos de corrupción de ese consorcio, aun cuando la investigación no haya concluido.
El proceso de transición está en marcha. Los nombramientos de quienes encabezarán las secretarías de Estado se dan a conocer paulatinamente en un marco de formalidad institucional, pero, de manera inusual, en comparación con otros periodos similares, quien prepara maletas para abandonar la modesta morada que le ha cobijado los últimos seis años, sigue haciendo travesuras.