En los últimos días, los ciudadanos de Sinaloa y otros estados de la República han sido testigos de una escalada de violencia que ha puesto en jaque a toda la nación. Las familias viven presas del miedo, encerradas en sus hogares, sin poder siquiera acceder a lo más básico: alimentos, medicinas y seguridad. No estamos hablando de un problema aislado, sino de una crisis generalizada que afecta a gran parte del país. Y lo que es más alarmante, esta situación ha sido ignorada o minimizada por quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población.
Desde la administración actual, se ha insistido en una política de “abrazos, no balazos”. Si bien es comprensible que ningún gobierno desee una confrontación directa con los cárteles, resulta claro que esta estrategia ha fracasado. Lo que estamos viendo en Sinaloa, Chiapas y otros estados es el colapso del Estado en su función más básica: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La realidad es que no se puede negociar ni pacificar a grupos criminales con abrazos y buenas intenciones. Los cárteles del narcotráfico no respetan palabras suaves ni gestos de reconciliación; lo único que entienden es la fuerza.
Como lo he dicho en innumerables ocasiones, la fuerza del Estado no es solo el uso de armas o la presencia del Ejército en las calles, sino el conjunto de instituciones que deben actuar de manera coordinada para combatir al crimen organizado. En mi época como fiscal, entendimos que el poder del Estado no podía ceder ante el narcotráfico. Tuvimos que enfrentar a los delincuentes de frente, desmantelar sus redes de apoyo, y sobre todo, hacer cumplir la ley con todo su rigor.
Hoy, México enfrenta un reto similar, pero con una diferencia preocupante: el Estado ha optado por una pasividad que está permitiendo que los cárteles crezcan y se consoliden. Los ciudadanos de Sinaloa, atrapados en medio de un conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, están sufriendo las consecuencias de esta inacción. El miedo ha paralizado las ciudades, y las actividades económicas están detenidas porque los empresarios no pueden garantizar la seguridad de sus empleados. Las empresas más grandes, como OXXO, están considerando abandonar la entidad porque no tienen forma de operar en un entorno tan inseguro.
¿Qué se necesita, entonces? Lo primero es reconocer que “a grandes problemas, grandes remedios”. No podemos continuar con la estrategia de “abrazos, no balazos” cuando el crimen organizado está causando un sufrimiento directo a millones de mexicanos. Es momento de que el gobierno federal asuma su responsabilidad y emplee la fuerza del Estado de manera contundente para retomar el control de las regiones dominadas por los cárteles.
¿Qué implica esto en la práctica? En primer lugar, se debe garantizar la seguridad inmediata de los ciudadanos atrapados en el conflicto. Las Fuerzas Armadas, junto con la Guardia Nacional, deben desplegarse de manera estratégica para abrir paso seguro que permita la salida de las personas más vulnerables. Ya no podemos permitir que la población civil siga siendo rehén de los grupos criminales. Se necesitan operativos bien coordinados, no solo para enfrentar a los cárteles, sino también para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a las comunidades afectadas.
En segundo lugar, es necesario retomar el control de los territorios clave. Esto no se logra solo con la presencia militar, sino con una acción coordinada de inteligencia que desmantele las redes financieras y logísticas de los cárteles. Debemos recordar que los cárteles son organizaciones extremadamente sofisticadas, que operan a nivel internacional y tienen tentáculos en diversas áreas de la economía. El Estado mexicano tiene la capacidad de enfrentar estas organizaciones, pero requiere una estrategia integral que combine la fuerza física con el uso de inteligencia financiera.
No debemos olvidar la importancia del sistema de justicia. Los líderes criminales deben ser puestos a disposición, judicializados y procesados con rapidez y efectividad. Es inaceptable que el sistema de procuración de justicia siga siendo tan ineficiente que muchos criminales puedan operar impunemente. La impunidad es el mayor aliado del crimen y mientras no se reformen profundamente las instituciones de procuración de justicia, México seguirá siendo un terreno fértil para la delincuencia.
Finalmente, es fundamental que el gobierno asuma un papel de liderazgo visible en esta crisis. Los ciudadanos necesitan saber que no están solos y que su gobierno está actuando para protegerlos. Es imperativo que se deje de lado la retórica política y se actúe con firmeza. Los desfiles y las celebraciones simbólicas no pueden ser la prioridad cuando el país está sumido en una crisis de seguridad.
Sé que mis acciones del pasado han sido criticadas por algunos, pero es innegable que, en aquel momento, entendíamos la naturaleza del enemigo al que nos enfrentábamos. Hoy necesitamos ese mismo nivel de determinación. Es momento de que el gobierno actual y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dejen de lado los gestos de conciliación y entiendan que los cárteles no se detendrán por un llamado a la paz. Solo la fuerza del Estado y la voluntad política del mismo pueden restaurar la seguridad en México.
La situación en Sinaloa y en otros estados afectados por la violencia es insostenible. No podemos permitir que millones de mexicanos sigan viviendo en el miedo y la desesperación. Es momento de actuar con firmeza, de utilizar la fuerza del Estado para retomar el control y de garantizar que la ley se haga cumplir. El tiempo de los “abrazos” ha terminado. Ahora es el momento de los “balazos”, pero balazos legales, enmarcados en la justicia y el Estado de derecho.