A lo largo de los años, el Poder Judicial ha sido la última línea de defensa de los derechos de los mexicanos. Sin embargo, pocos ataques al Estado de derecho han sido tan peligrosos como el reciente decreto de reforma al Poder Judicial impulsado por Morena.
Esta reforma no es un simple ajuste a la Constitución; es un intento de cooptar al Poder Judicial, disfrazado de “democracia participativa”, que busca destruir su independencia y lastimar el Estado de derecho, ambos esenciales para cualquier sociedad libre.
Esta reforma pretende centralizar el poder político. El despido de jueces y empleados judiciales no es una solución contra la corrupción, sino un medio de extorsión; la reducción de sueldos y fondos de retiro no es “austeridad republicana”, sino castigo para quienes no cedieron ante el gobierno.
Prohibir la suspensión como medida cautelar no ajusta los procesos constitucionales, sino que limita la defensa contra las arbitrariedades del partido en el poder. En el fondo, esta no es una reforma, sino un ataque a nuestra soberanía, buscando instaurar un régimen autoritario disfrazado de populismo.
Es de notarse que, dentro de estos diversos puntos de estudio y análisis, hablamos de nuestras instituciones jurídicas en materia de defensa a los derechos humanos. ¿Cómo, entonces, es posible que, en tan solo unas cuantas horas, se haya publicado como adicción un párrafo en los artículos 105 y 107 constitucionales que, de forma expresa, nos señala la intención del Ejecutivo y el órgano reformador (ambos morenistas) de drenar la poca esperanza que nos traería el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá? Pues es de observarse que este tiránico gobierno directamente golpeó dicho proyecto al prohibir las acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución.
Morena ignora que la irretroactividad de la ley es un principio fundamental del derecho. Que poco después de este atentado a la democracia se intentara reformar el artículo 1° constitucional demuestra su intención de eliminar los derechos humanos garantizados por tratados internacionales y el principio Pro-Persona, ejercido por el Poder Judicial a través del control de convencionalidad. Este mecanismo, reconocido en nuestra Constitución, protege los derechos humanos de los mexicanos, pero Morena intentó restringir su uso.
Leer el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá fue como un respiro después de una larga inmersión. Su análisis expone la intención centralizadora de estas reformas, que son un veneno oculto en un discurso popular. De aprobarse, el Poder Judicial perdería su independencia, volviéndose vulnerable a intereses políticos y al populismo, hundiendo la justicia en la manipulación y la dictadura.
Este proyecto de resolución va más allá de ser una simple propuesta; desde una perspectiva personal, es un tratado de derecho constitucional. ¿Por qué permitir que nuestra justicia se convierta en un espectáculo electoral? Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es, una vez más, la última barrera contra esta amenaza.
No olvidemos que un juez no es un candidato; su lealtad es hacia la Constitución y sus principios, no hacia partidos ni ambiciones de poder. La justicia no es una obra que se inaugura; es un derecho que se aplica.
Nos encontramos al borde de un estado de indefensión ante el poder, pues esta reforma amenaza con eliminar la suspensión en los juicios constitucionales, afectando gravemente la tutela judicial efectiva.
Además, se debilitaría el rol protector del Poder Judicial y nuestro sistema de contrapesos, lastimando profundamente el principio Pro-Persona, uno de los mayores logros del constitucionalismo contemporáneo.
¿Qué queda del Juicio de Amparo si seguimos este camino?
Como abogado, sé que el amparo representa que la Constitución vive y que la justicia, aunque tarde, llega. Retomando el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, hago un llamado a mis colegas, a la comunidad jurídica y al pueblo de México a protestar contra estos ataques de Morena, que buscan desequilibrar los poderes y consolidar un régimen autoritario. La justicia no es un instrumento de poder, es un derecho que nos pertenece a todos.
Concluyo. México no necesita un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo, ni jueces más preocupados por hacer campaña que por hacer justicia. México necesita justicia, instituciones verdaderamente autónomas y un compromiso por proteger nuestros derechos humanos como gobernados.
Defender, hoy, al Poder Judicial es defender la democracia, la independencia y los derechos del mañana.
Así, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y otros siete de estos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostienen una responsabilidad histórica que no pasará desapercibida al rescatar de la muerte a la justicia por la ambición de poder de unos cuantos. En nuestras manos está la última línea de protección de nuestra patria.