En mi anterior columna, analicé el impacto de la reciente reforma al artículo 19 constitucional, vigente desde el 1 de enero de 2025. Señalé que esta reforma representa un grave retroceso jurídico al reinstaurar la prisión preventiva oficiosa, abriendo la puerta a injusticias y arbitrariedades. Hoy retomo el tema desde una perspectiva concreta: su impacto devastador en el sector privado, particularmente en el ámbito del comercio exterior.
Para entender la magnitud del problema, debemos reflexionar sobre nuestro contexto político. México, históricamente, ha carecido de gobernantes comprometidos con el desarrollo estructural del país. En las últimas décadas, esta carencia se ha acentuado. Mientras tanto, el sector privado (médicos, abogados, periodistas, empresarios, científicos, entre otros) ha sostenido a la nación, logrando avances que el gobierno ha sido incapaz de garantizar.
Sin embargo, esta reforma vulnera profundamente a este sector. Recordemos que ahora los delitos de contrabando y las actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales ameritan prisión preventiva oficiosa. Además, se prohíbe cualquier interpretación análoga o extensiva de la norma, obligando a su aplicación literal. Esto implica que cualquier persona investigada por estos delitos será privada de su libertad durante todo el proceso, incluso si es inocente.
Un ejemplo claro son los agentes aduanales. Como intermediarios del comercio exterior, ellos dependen de la información proporcionada por sus clientes para realizar trámites, pagar impuestos y garantizar el cumplimiento legal. Pero, ¿qué sucede si un cliente miente o si surgen errores administrativos? Con la nueva reforma, estos agentes pueden ser investigados, imputados y privados de su libertad por hechos fuera de su control.
El contrabando, definido, básicamente, como la importación o exportación de mercancías sin cumplir los requisitos legales, se ha convertido en el principal argumento de las autoridades para perseguir y presionar a los agentes aduanales. Aunque estos solo representan legalmente a terceros y confían en la veracidad de la información proporcionada por sus clientes, el simple hecho de intermediar en operaciones irregulares los convierte en blancos de investigaciones ministeriales.
La Fiscalía General de la República, apoyada por esta reforma, seguramente, como ya sucede y ha sucedido, aportará una política agresiva de imputaciones. A los agentes aduanales se les enfrenta con dos opciones: pagar sumas exorbitantes al fisco por hechos que no controlaron o sujetarse a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto no solo es injusto, sino que contraviene principios básicos de certeza jurídica y derechos humanos, ignorando lo ya establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El daño no se limita a los agentes aduanales. Si ellos, como simples intermediarios, enfrentan este nivel de persecución, ¿qué puede esperar el resto de los actores en el comercio exterior? Este ambiente de incertidumbre genera desconfianza, desincentiva las inversiones y convierte al comercio exterior en una actividad de alto riesgo.
La medida es desproporcionada. Los delitos económicos, como el contrabando, no representan una amenaza directa a la seguridad pública o la integridad de las personas. En lugar de recurrir a la prisión preventiva oficiosa, el gobierno debería enfocarse en fortalecer la aplicación de la ley, evitando que el miedo y la desconfianza paralicen a quienes impulsan nuestra economía.
Esta reforma no soluciona los problemas del comercio exterior; los agrava. Genera un entorno de “terrorismo fiscal” donde el sector privado opera bajo amenazas constantes. El verdadero problema no es la ley en sí, sino la incapacidad del gobierno para aplicarla de manera justa y eficiente. Ni la ley más perfecta tendrá impacto si quienes deben implementarla optan por la arbitrariedad.
Con esta reforma, el gobierno ha asestado un golpe brutal al comercio exterior y al sector privado, dejando claro que su prioridad no es el desarrollo económico ni la justicia, sino el control y la intimidación.