Cuán vergonzoso resulta saber que las cámaras de comercio mexicanas están más preocupadas por ser elogiadas, reconocidas y sobadas en medios de comunicación que en buscar que sus agremiados y la gente que en ellas confía cuenten con la protección necesaria frente a la situación jurídica actual del país. ¿Acaso no se preocupan por su libertad y seguridad?
Es de particular importancia y relevancia recordar que el gobierno de México se encuentra en una posición sumamente sensible frente a nuestro socio comercial más importante, los Estados Unidos de América. Pues no únicamente existen problemáticas relativas al tráfico de sustancias ilícitas, como el fentanilo, sino que también hay una inconformidad respecto a la forma en que se desarrolla el comercio exterior en México.
No olvidemos que una de las reacciones del gobierno de México, frente a los reclamos de nuestro vecino del norte, ha sido la de implementar y desplegar operativos en nuestras fronteras con la pretensión de combatir el contrabando de mercancías, tanto dentro como fuera de nuestro territorio nacional. Escenario este que coloca a los empresarios mexicanos en un riesgo latente.
Mucho hemos discutido sobre la nueva reforma al artículo 19 constitucional. Si algo ha quedado establecido es que este es un ataque directo a los parámetros de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad que se supone rigen el derecho en México.
Es cierto que las consecuencias jurídicas que esta nueva reforma representa son fatales para todo aquel que cuente con calidad de investigado en un proceso penal. Después de todo, el catálogo de delitos previsto por el artículo 19 constitucional engloba un sin fin de posibles conductas, siendo que muchas de ellas no representan siquiera un riesgo importante para la sociedad.
Como ya lo referimos en columnas pasadas, la mera redacción, publicación y vigencia de la reforma al artículo 19 constitucional es una flagrante y descarada violación a un cúmulo importante de derechos humanos, principios del derecho, criterios y precedentes judiciales, y tratados y criterios internacionales vinculantes para México.
Citando al diputado José Manuel Hinojosa Pérez: “Ojalá la ley tuviera espinas para que les doliera cuando se la pasen por los huevos...”
El contenido de dicho artículo refiere, en lo que nos interesa para el presente texto, que se impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, de forma automática, cuando se investigue a una persona por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que el Código Fiscal de la Federación señale como el delito de contrabando o cualquier otro que involucre el uso de comprobantes fiscales falsos.
Ya lo he dicho, qué problema resulta este en lo relativo al comercio exterior. ¿Dónde están los empresarios valientes? ¿Por qué las cámaras de comercio no se han manifestado para proteger los intereses de sus agremiados? ¿Por qué el Estado no persigue a los verdaderos responsables? ¿Por qué deben de pagar inocentes, carentes de responsabilidad, por los pecados de otros?
Ahora, entonces, como resultado de la presión del vecino del norte, como consecuencia del ya acostumbrado actuar arbitrario del gobierno mexicano y ante la indiferencia de los verdaderos responsables, muchos inocentes serán el bocadillo de la Fiscalía General de la República.
Por todo lo anterior, ahora me permito hacer un llamado de atención a los presidentes de las cámaras de comercio:
Señores: Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (Concanaco Servytur); Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y turismo de la Ciudad de México (Canaco); profesora Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación(Canacintra); Sergio Contreras Pérez, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce); Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y otros, empiecen a buscar herramientas y establecer reglas claras respecto a la actuación de las empresas y empresarios exportadores e importadores en México, para que no exista riesgo de que priven de la libertad a sus agremiados.
