En México, hablar del narcotráfico es tocar un tema sensible y que duele. No solo nos encontramos frente a una violencia palpable o ante la infiltración de este mal dentro de la política, sino que, ahora, nos encontramos frente a una probable amenaza de intervención extranjera.
Con el presidente Donald Trump, nuevamente, a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos, han ocurrido diversos acontecimientos de alta relevancia, dentro de los cuales destaca la llegada del Ejército de los Estados Unidos para coordinar operaciones con la Marina Armada de México o la publicación de una lista que clasifica a los principales cárteles en México como organizaciones terroristas. Todas estas son señales de que el tiempo para tomar decisiones se agota.
Ahora, esta nueva lista que menciono nos pone en el delicado escenario de que los norteamericanos estarán facultados para actuar de forma agresiva y, en el peor de los casos, de forma invasiva. Esto pone al gobierno de México en una fuerte encrucijada: lograr combatir a los grupos de delincuencia organizada en un breve periodo de tiempo o encontrarse ante la amenaza de una intervención, supuestamente “legalmente justificada”, por parte de los Estados Unidos. En otras palabras, México tiene que decidir entre hacer lo que en décadas no ha logrado o arriesgar su propia soberanía como nación.
La realidad es mucho más compleja, pues una intervención directa de los Estados Unidos, en principio, podría parecer un escenario positivo, pero lo cierto es que eso traería consigo un daño colateral inconmensurable en el que cientos de miles de inocentes pagarían el precio de un actuar que, por supuesto, no distinguiría entre civiles y delincuentes.
En tal virtud, el reloj corre para el actual gobierno federal para tomar y ejecutar las acciones necesarias que permitan reducir la incidencia de delitos relacionados con grupos de delincuencia organizada dedicados preponderantemente al narcotráfico. Sin embargo, no toda la culpa es de la actual administración.
Sí, es cierto que los actuales gobierno federal y gobiernos de los estados tienen a personas dentro de las más altas esferas del poder público que se encuentran notoriamente coludidas con estos grupos de delincuencia organizada; hay casos, incluso, que se exponen a diario en medios de comunicación.
Yo me pregunto: ¿cómo es posible que nadie haga nada cuando es evidente que diversos gobernadores de distintos estados de la República Mexicana, de forma evidente y cínica, permiten que la delincuencia organizada consuma sus entidades? ¿Cómo es posible que se conozca que ciertas personas cuentan con nexos con el narcotráfico y, aun así, se les permite su inscripción como candidatos a puestos dentro del Poder Judicial? ¿A qué grado de cinismo hemos llegado?
Sin embargo, no debemos olvidar que todo lo anterior es el resultado de una herencia maldita y una crisis de seguridad que ha venido surgiendo y creciendo durante décadas.
El narcotráfico no es un problema nuevo, y si hoy está fuera de control es también porque administraciones pasadas poco o nada hicieron para frenarlo, no tuvieron la capacidad de enfrentarlo o, simplemente, se volvieron parte del propio problema.
La realidad es que los pocos servidores públicos que hemos tenido el valor, para enfrentarlo, tuvimos que tomar decisiones duras, siendo que hubo algunos que tomaron como estrategia la guerra frontal. Lo dije entonces y lo digo ahora, el error de estos pocos que realmente han abrazado su bandera ha sido intentar resolver con pura fuerza el conflicto; un verdadero combate al narcotráfico, lo sé yo, requiere de una combinación de diversos factores, siendo el primero y el más fundamental de ellos el recopilar de forma minuciosa todos los datos, indicios e información que permita atacar los puntos clave de estos grupos de delincuencia organizada.
Para lograr lo anterior, en la actualidad, es evidente que antes de coordinar y capacitar a las Fuerzas Armadas es necesario hacerlo, primero, con los agentes del ministerio público de la Federación. Requerimos de una procuración de justicia efectiva, encabezada por la Fiscalía General de la República y por las distintas instituciones de investigación criminal. Una vez teniendo la investigación completa y probada, el atacar, combatir y castigar a estos grupos de delincuencia organizada será mucho más sencillo.
Ahora, el gran problema es que pareciera que el gobierno federal ya sabe qué es lo que debe hacer, pero también sabe que no cuenta con los recursos jurídicos, ni con el capital humano, que permitan instaurar un régimen competente y limpio en la investigación del delito a nivel federal. Desgraciadamente, la corrupción sigue siendo el obstáculo más importante e, incluso, ya parece insalvable.
En fin, si México quiere evitar la intervención extranjera y recuperar el control de su territorio, el camino es claro: se necesita limpiar las instituciones, reforzar la procuración de justicia, erradicar la corrupción desde las más altas esferas del poder, sin distinción de partidos, y, entonces, al final de todo esto, poner mano dura. De lo contrario, seguiremos condenados a la violencia, la impunidad y, en el peor de los casos, a ceder nuestra soberanía, a que las decisiones sobre nuestra seguridad ya no se tomen en México.
