En las últimas semanas, mucho se ha hablado sobre el lamentable suceso ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México, donde una mujer de la tercera edad detonó un arma de fuego y privó de la vida a un par de individuos; hecho que ha captado la atención de la opinión pública, no solo por la crudeza del mismo, sino también por la ola de mofas y “memes” que han plagado las redes sociales y algunos medios de comunicación. Sin embargo, más allá del morbo común del mexicano, considero importante reflexionar a fondo sobre el contexto que llevó a este desafortunado final.
Desde hace ya varios años, me atrevo a decir, por lo menos seis o siete, los despojos han ido en aumento de manera alarmante en el Área Metropolitana del Valle de México. Particularmente, se ha visto mucho en algunas alcaldías de la Ciudad de México, como la Cuauhtémoc, por ejemplo; pues se ha vivido una importante ola de delitos de esta especie.
Recuerdo que, hacia mediados de 2024, una caída del sistema del Registro Público de la Propiedad y de Comercio detonó una serie de acontecimientos de carácter ilícito: en un solo fin de semana, se conocieron numerosos casos de personas, hombres, mujeres e, incluso, hasta niños y familias enteras, que perdieron sus hogares a manos de la delincuencia, aprovechando el infortunio ocurrido en esta institución dentro del territorio de la Ciudad de México.
Aquello no fue un hecho aislado; la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana y diversas coordinaciones territoriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como, también, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tienen tiempo recibiendo innumerables denuncias que llevaron a la apertura de muchas carpetas de investigación por el delito de despojo. Y eso, sin considerar que en México, menos de un 10% (diez por ciento) de los delitos se denuncian ante las autoridades.
Lo más grave de esto es que la mayoría de esas indagatorias siguen, hasta la fecha, abiertas y sin una determinación que tenga por objeto restituir a las víctimas en el goce de sus derechos humanos y en la posesión de sus inmuebles. Hay familias que llevan meses, incluso años, sin poder regresar a sus hogares, viendo cómo sus vidas se tornaron cada vez más difíciles, mientras que el cronómetro de la justicia no llega a su fin.
Este escenario de impunidad, que ya es sistemático, ha llevado a la ciudadanía mexicana a una profunda desesperación. Cuando las instituciones encargadas de la impartición de justicia no proveen de resultados, cuando la ley se convierte en letra muerta, es natural que algunos ciudadanos se vean en la necesidad de hacer justicia por propia mano. Por lo que vale la pena preguntarse: ¿A qué vamos a llegar?
El caso de la señora de Chalco es solo un reflejo claro de esta crisis. Según se ha informado por los medios de comunicación, ella fue despojada de su hogar por un grupo de personas, incluyendo uno de los jóvenes, ahora occisos, que, dicho sea de paso, se tiene que solían presumir en redes sociales una conducta francamente reprochable, subiendo fotografías y videos de ellos mismos teniendo en su poder armas de fuego que, por cierto, y a criterio personal, parecen ser de aquellas de uso exclusivo del Ejército. Entonces, buscando, en principio, un camino como el que marca el manual, esta señora acudió a las autoridades en busca de su apoyo. Sin embargo, la respuesta, la justicia, no fue pronta.
No quisiera que se malinterprete este punto: la ley debe prevalecer por encima de la venganza personal. Y debe tenerse en cuenta que la justicia tarda, pero siempre llega. Sin embargo, también es cierto que la ley no siempre es justa, y que la justicia no siempre se logra a través de la ley. Resulta profundamente triste que, en un país como el nuestro, los ciudadanos se vean obligados a enfrentar ellos mismos a quienes les han arrebatado sus bienes. Después de todo, hay que preguntarnos: ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar?
Aclaro que no busco excusar conductas ilícitas. No se trata de justificar la justicia por propia mano, pero sí comprendo el sentimiento que invade a la famosa señora de Chalco y a tantos otros mexicanos que, hartos y desesperados, se han visto orillados a repeler las agresiones con motivo de la ausencia de justicia pronta y expedita.
La responsabilidad, insisto, no recae únicamente en las autoridades. La crisis de seguridad y el aumento incesante de violencia ha sido tal, que la realidad es que nuestras instituciones han sido rebasadas. Por supuesto, hay omisiones de estas autoridades que no deben dejar de señalarse, pero la magnitud del problema nos obliga a ver más allá de la respuesta simplista: La delincuencia nos ha sobrepasado.
Este caso debe servir como una advertencia contundente para aquellos que han hecho del delito su modo de vivir. Los ciudadanos de bien, los mexicanos trabajadores y honestos, estamos hartos de vivir bajo la sombra de la delincuencia y la criminalidad. Tarde o temprano, a quienes han optado por el camino de la violencia y del delito, de alguna u otra manera, con o sin ley en la mano, les tocará enfrentar las consecuencias de sus actos.
Como bien dice el viejo refrán, que hoy cobra especial relevancia: “El que a hierro mata, a hierro muere…”.
