Disculpa y contradicción
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Disculpa y contradicción

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Disculpa y contradicción

14/03/2019

“Militares disparando sin ton ni son, matando mexicanos, persiguiendo estudiantes, asesinando familias, alterando las escenas del crimen, resguardándose en la justicia militar. El Ejército victimario y también víctima de una guerra que se le exigió pelear y que nunca se podrá ganar […] Lo que ocurrió esa noche fatídica en Monterrey tan sólo evidencia lo que sabemos, pero no corregimos y que demandamos se corrija en este sexenio que comienza. El Ejército no está preparado para enfrentamientos con el crimen organizado cuando hay civiles de por medio”.

Son palabras de la politóloga Denise Dresser en una de las presentaciones públicas del documental de Alberto Arnaut, Hasta los dientes, un trabajo fundamental que narra el asesinato, por parte de militares, de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, el 19 de marzo de 2010.

Nueve años después el gobierno federal, el próximo martes, hará un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por los hechos ocurridos. La ceremonia, que se llevará a cabo en el auditorio Luis Elizondo, del Tecnológico de Monterrey, será encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante la presencia de familiares de ambos. También estarán Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población; Luis González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como un representante de Sedena y autoridades de la institución educativa.

¿De qué piden perdón? No sólo del asesinato, sino también de montar una escena, de hacerlos pasar como gente del crimen organizado. Así lo consigna la periodista Elena Reina en una dolorosa reseña del documental: “Según muestra Hasta los dientes, que utiliza los detalles del expediente del caso, las imágenes de las cámaras de seguridad, testimonios de testigos, de las familias, declaraciones del personal de seguridad de la institución y de las autoridades de gobierno, Jorge y Javier fueron ejecutados de manera extrajudicial. Javier había sido herido por unas balas perdidas de aquel enfrentamiento. Pero Jorge estaba todavía vivo. Los militares se dieron cuenta de su gran error. Aquellos jóvenes no tenían pinta de asesinos. Llevaban unas mochilas, salían a comer. Pero, como señala un militar que interviene en el documental: ‘Los muertos no declaran’.

“Esas eran las órdenes de aquel Ejército entrenado para exterminar en las calles a los miembros del crimen organizado. Y acabaron los dos muertos con un balazo recibido a un metro de distancia. Un tiro de gracia. Les propinaron unos golpes y construyeron una escena del crimen a su medida: cada uno agarraba un rifle.”

No cabe duda que este acto de reconocimiento abona en el proceso de reparación del daño, y expone la falla del Estado; sin embargo, no puede quedarse en una ceremonia que sea consignada por algunos medios y sea recordada por una placa de metal. El reconocimiento y el perdón debe de ir de la mano de un proceso de justicia pleno que sancione a los responsables del asesinato y también que el Estado entienda que los militares no pueden hacer labores de seguridad pública. Cómo entender este perdón si se acaba de aprobar la Guardia Nacional, si el país está en proceso de constitucionalizar la presencia militar por todo México, ¿no es este reconocimiento una contradicción si la lógica de seguridad planteada por el gobierno de López Obrador es perpetuar el peligro que representan militares como policías? Sí, es necesario que admitan públicamente que aquellos dos jóvenes fueron asesinados por fuerzas militares, pero además de reconocer los errores del pasado, ¿qué estamos haciendo para garantizar la no repetición?

Hasta finales del año pasado, de los seis militares involucrados en el doble asesinato, tres estaban encarcelados en espera de sentencia. Tres más no fueron detenidos y estaban ‘desaparecidos’.

Pero este homicidio no es el único con el que cargan el Estado y el Ejército, si de disculpas públicas se tratara, Sánchez Cordero y Encinas tendrían un acto público de estos cada tanto. ¿Qué pasa entonces con víctimas como las de Nochixtlán o Tlatlaya?

La reparación del daño sí comienza con un reconocimiento público, pero es apenas el inicio de una serie de acciones que el Estado debe tomar para evitar que más actos como estos se den ahora que los militares serán los nuevos policías. Que la suerte nos acompañe.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.