La Procuraduría General de la República, después del sexenio de Enrique Peña Nieto, quedó en el piso. Su 'verdad histórica' en el caso Ayotzinapa y su ceguera ante casos emblemáticos de corrupción, redujeron su credibilidad a cero. Su transformación en Fiscalía General de la República suponía un giro total, un nuevo comienzo que llegaría con un cambio de régimen legitimado por 30 millones de votos. De entrada, dos promesas sobre la mesa: una Fiscalía justa y autónoma.
Ayer, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho publicó el balance "¿1 año de justicia y autonomía de la Fiscalía General de la República?" La respuesta a esta pregunta no les va a gustar a los que confiaron en que iban a cambiar las cosas en materia de impartición de justicia en este sexenio.
Antes de hablar de las preocupaciones y conclusiones, vale la pena señalar de dónde son los integrantes que realizaron este estudio. Los académicos y especialistas forman parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC; de la Fundación para el Debido Proceso; Impunidad Cero; Causa en Común AC; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y por supuesto, de la fundación antes mencionada.
Los focos rojos después de 12 meses de operación se centran en la definición de autonomía al interior de la FGR, la rendición de cuentas, el trato y cercanía con las familias de las víctimas, y en la violación sistemática a su propia ley orgánica.
Punto por punto, la fFscalía ha fallado en momentos capitales:
• El primer señalamiento viene desde la elección del titular de la FGR: "La nueva ley promovía cerrar con la elección de 'fiscales carnales', pero ni la elección de la terna por parte del Presidente, ni la votación en el Senado de la República siguió los criterios de la elección basados en la independencia política, el mérito, la transparencia, la participación ciudadana y el escrutinio público. El resultado fue la elección de un perfil cercano al Poder Ejecutivo federal".
• No sólo se violó la Ley Orgánica en el caso del titular. El proceso de elección de los fiscales especializados en anticorrupción y derechos humanos, "piedra angular para el proceso de implementación de la nueva LOFGR, siguió la misma suerte (…) estos nombramientos fueron cerrados, sin que se realice la convocatoria pública ni la difusión del perfil requerido, y sin participación ciudadana".
• El plan de persecución penal (PPP) ha sido mantenido por el fiscal en la nebulosa y lejos de la participación ciudadana, así como la formación del Consejo Ciudadano de la FGR.
• "La Fiscalía General de la República no cuenta con un nuevo marco reglamentario que desarrolle una nueva 'Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer', en los términos que prevé la LOFGR".
• Y, por último, la autonomía: primero se habla de una perjudicial cercanía entre el Presidente y Alejandro Gertz Manero, poniendo en riesgo "el real control interinstitucional y la acción fiscal sin miramientos particulares de ninguna índole".
El balance es negativo por la gravedad de las omisiones, incluso desde la llegada y designación del fiscal y del poco respeto a su propia Ley Orgánica. Ayer nadie pudo explicar qué pasó en el Senado con una anunciada presentación de un paquete de iniciativas sobre procuración de justicia que no fue. Antes de eso, es fundamental revisar el funcionamiento y debilidades de la FGR, que sirva como prólogo para una revolución en materia de justicia que está por venir.
El estudio completo se puede consultar en la página de la ONG apolítica (https://www.fundacionjusticia.org/).