En este primer año de administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el gran pendiente ha sido la inseguridad. Cuando le preguntaron sobre sus grandes baches de estos primeros doce meses, mencionó tres de memoria: los 137 muertos de Tlahuelilpan, Hidalgo, producto del huachicoleo del crimen organizado; la amenaza arancelaria de Estados Unidos que casi deriva en una crisis económica, política y social, pero que pudo contener el canciller Marcelo Ebrard; y por último lo que él llamó "la guerra de Sinaloa", el operativo fallido de la detención de Ovidio Guzmán, el jueves 17 de octubre, en Culiacán; también aceptaría como una crisis del primer año el atentado contra la familia LeBarón el 4 de noviembre en los límites de Chihuahua y Sonora, donde murieron seis niños y tres mujeres. Tres de sus cuatro 'baches' están relacionados directamente con el tema de la inseguridad; ésta ha sido esa piedra en el zapato a la que no sólo no ha podido darle frente, sino que no se ve una estrategia clara para enderezar el rumbo o al menos hacernos creer que tiene un plan que nos muestre que vamos en la ruta correcta; su apuesta a la Guardia Nacional ha sido ciega y a la vez insuficiente.
La temperatura respecto al tema de la inseguridad es lapidaria, de acuerdo a la más reciente encuesta del diario Reforma:
• 41 por ciento considera que la inseguridad es su principal fracaso.
• 68 por ciento considera que ha fracasado en combatir la inseguridad o reducir la violencia.
• 65 por ciento cree que el crimen organizado es más fuerte que el gobierno.
• 47 por ciento no le cree a AMLO cuando habla de seguridad.
• 51 por ciento cree que la estrategia actual no llevará a la paz.
Ahí están sus peores números y él lo sabe. En este contexto, ayer repartió culpas. En voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló a los gobernadores que no han hecho su trabajo, desde su postura, por faltar a reuniones de seguridad impuestas desde el gobierno federal. Así tenemos que Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, y Antonio Echevarría, mandatario de Nayarit, NO asistieron a ninguna de las reuniones realizadas entre el 2 de diciembre de 2018 y el 10 de diciembre pasado. Carlos Miguel Aysa, gobernador sustituto de Campeche, sólo ha asistido a una. Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, sólo tiene cuatro asistencias. Les siguen los gobernadores de Guanajuato, Nuevo León, Morelos y Sonora. El señalamiento ha sido claro, tache para los que "no les ha interesado la seguridad" y han faltado, y palomita para los que sí. La lista se publicó ayer, hoy es el Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional, ¿con qué cara llegan los gobernadores señalados?, ¿serán regañados los que no han rendido cuentas? El gobierno, insisto, reparte culpas en su peor bache.
El especialista en temas de seguridad, Ernesto López Portillo hace un par de preguntas importantes: ¿Cuál es la intención política de la revisión nacional de la seguridad pública, estado por estado, a cargo del gobierno federal? ¿Se busca fortalecer la coordinación para que cada quien haga su parte, o se pretende abrir paso, aún más, a la centralización, vía la Guardia Nacional? ¿Cuál es la verdadera intención? Yo creo que se trata de un balance de negativos, López Obrador ha decidido no cargar con toda la culpa al cierre de su primer año, esos porcentajes, esas exigencias también deben de caer en los gobernadores; sin embargo, la selección de las culpas es lo único que ha compartido Andrés Manuel con los estados, nada más, aquí no sólo son sus errores, son de 32 más; de los éxitos, esos sí sólo vienen de Palacio Nacional.