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No han sabido responder las preguntas básicas. La información ha sido confusa, imprecisa y lenta. El gobierno de la Ciudad no ha sido contundente sobre los responsables de que a los edificios colapsados y dañados no le hayan dado mantenimiento en años, dedicaran plantas bajas a estacionamientos sin muros de contención o que, violando la Ley de Publicidad Exterior, tuvieran anuncios de hasta una tonelada sobre el techo.
En un esfuerzo por mantener la coordinación y vigilancia de los capitalinos, ayer se presentó públicamente #Ciudadanía19S, un colectivo que nació en las entrañas de #Verificado19S, y que busca reconstruir una ciudad con los fuertes cimientos de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad del gobierno.
Esta unión de distintos gremios de la sociedad civil que se ha organizado exige cosas puntuales, 'el derecho a saber', saber por qué una CDMX, con uno de los reglamentos de construcción más innovadores del mundo, se ha flexibilizado, favoreciendo a inmobiliarias, por qué 30 días después el gobierno se ha preocupado más por sacar una Ley de Reconstrucción a modo, sin la participación ciudadana, y no se ha enfocado en decirnos cuáles son los edificios que han clasificado como 'de riesgo', cuál fue el criterio para clasificarlos así y dónde está el dictamen que lo avala.
En el comunicado emitido ayer por el colectivo que forman organizaciones como Suma Urbana, Obra Chueca, Horizontal o Bicitekas, hay ocho peticiones puntales mínimas para que los capitalinos tengan información que ayude a reconstruir la ciudad y entrar, por fin, en un proceso de resiliencia:
•El catastro vigente y las versiones históricas.
•Los estudios y escenarios de peligros y riesgos, incluyendo grietas, hundimientos, subsidencias, inundaciones, incendios, fallas, minas, cavernas, tipo de suelo y profundidad de cada suelo. No el incompleto atlas de riesgo que se presentó.
•La delimitación geohidrológica de acuíferos, así como sus flujos y volumen de agua.
•Las solicitudes de revisión de inmuebles, las revisiones postsismo y los dictámenes de seguridad estructural, incluyendo los nombres y números de cédulas de directores responsables de obra (DRO) y corresponsables de estructuras que los revisaron. Es nuestro derecho saber en manos de quién estamos dejando la seguridad de los techos que nos cubren.
•Los inmuebles que están en proceso de mayor revisión estructural, reforzamientos o demoliciones, para determinar si representan peligro a la integridad de dueños, usuarios y colindantes de los inmuebles.
•Los edificios y sus expedientes (planos, permisos, revisiones y autorizaciones) que tienen acciones legales, así como su estado en el proceso y pruebas periciales.
•Los folios reales del Registro Público de la Propiedad, relacionados con el número de catastro de los inmuebles, información que es pública y a la que tenemos derecho de acceder.
•De cada predio construido o remodelado posterior al año 2000, solicitan la razón social de la constructora, su responsable legal, su director responsable de obra (DRO), número y fecha de autorización, y número y fecha de terminación de obra.
No seamos de nuevo esa sociedad pasiva que se queja de un gobierno ineficiente y se queda así. Seamos esa sociedad que se activa, que exige, que mueve piedras para encontrar vida y que se organiza en una #Ciudadanía19S, que reclama el legítimo derecho de saber.
Twitter: @jrisco
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