El día que el fiscal estadounidense Richard Donoghue sentenció a 20 años de cárcel al exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a finales de septiembre de 2019, dijo una frase que retumba en estos días cuando vemos detenido al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos: "Advertimos que vendrían más días de rendición de cuentas (…) La sentencia impuesta a este agente gubernamental mexicano corrupto hace que este sea uno de esos días". Ahí estaba la advertencia y el general no la quiso escuchar.
Era marzo de 2017, y la noticia era un escándalo, pero en nuestro país nunca se vio como tal. En el diario Vanguardia, donde escribía en aquel entonces, titulé una columna 'El narco fiscal'. Contaba lo poco que se sabía de la detención de Edgar Veytia Cambero. Era acusado de ser un narcotraficante a gran escala de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana. Ese día escribí las funciones de un fiscal estatal, el acceso que tenía a todas las esferas de seguridad del país y lo grave de su detención. Recuerdo específicamente uno de sus deberes: "Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables, realizando las acciones siguientes: a) En el ámbito de su competencia celebrar, promover, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en el marco del referido Sistema Nacional". Ahí el narco fiscal estrechó la mano de todos, del Presidente, del secretario de Gobernación, de los mandos militares y de los otros decenas de fiscales. Que Estados Unidos tuviera detenido al fiscal de Nayarit significaba una llave de acceso a la cúpula de los responsables de la seguridad en nuestro país, y la exprimieron hasta llegar a lo más profundo de la complicidad criminal.
En septiembre de 2019, cuando sentenciaron a Veytia, las autoridades estadounidenses aseguraron que el fiscal utilizó su cargo para apoyar las actividades del Cártel H-2, una red del crimen organizado con células de distribución en todo Estados Unidos, a cambio de sobornos; incluso que había ayudado a cubrir el asesinato de un narcotraficante rival en 2015. En esta misma línea, la DEA, la agencia antidrogas de EU, acusa que el general Cienfuegos Zepeda recibía sobornos de la organización que dirigía Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2. Parece innegable que Veytia se haya convertido en la pieza clave de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional; sin embargo, ¿qué sigue cuando la red de protección llega al nivel más alto? ¿Qué otro nombre puede venir con la colaboración del exsecretario? ¿De qué tamaño son las complicidades del Estado mexicano con el crimen organizado?
El fiscal Donoghue sigue con su trabajo, en Estados Unidos vienen días de rendición de cuentas acompañados de sentencias; desde México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que "se iniciará una investigación contra Cienfuegos cuando se tengan pruebas", sin embargo, no hay ninguna razón para creer que desde la Fiscalía General de la República se comience a trabajar con base en el trabajo de las autoridades estadounidenses. La última noticia que tenemos sobre las investigaciones de Veytia en nuestro país es una declaración del fiscal estatal actual de Nayarit, sobre carpetas abiertas contra El Diablo, como le apodaban a Veytia, y al exgobernador Roberto Sandoval, que increíblemente sigue en libertad.
De la sentencia contra El Diablo ha pasado ya un año, y la estrategia de las autoridades mexicanas ha sido mantenerse calladas y a un lado del trabajo de la justicia norteamericana. Allá se hace justicia, acá nada cambia, la militarización sigue en marcha y la impunidad goza de cabal salud.