Cada mes, los recursos que envían los migrantes a México se mantienen en niveles históricos, pase lo que pase en Estados Unidos, principal país de donde trabajan los mexicanos que envían dinero a sus familias a territorio nacional; ellos mantienen el compromiso con los suyos de ayudarlos a subsistir.
Las remesas son desde hace mucho -y ahora más que nunca- una de las fuentes más importantes de ingresos para millones de mexicanos, las cuales casi en 99 por ciento son enviadas de forma electrónica, existiendo, según datos de las autoridades y bancos, un mínimo porcentaje que sigue trayendo los dólares en efectivo para gastarlos en el país, y es ese pequeño, pero importante grupo al que hoy buscan convencer a bancarizarse.
A lo largo de los primeros meses de 2021 la actividad regulatoria estuvo centrada tanto en la extensión de las medidas relacionadas con la pandemia emitidas durante 2020, así como con la atención de las necesidades de las comunidades migrantes mexicanas en el extranjero y de sus familiares en el país, explica Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA en su reporte de Situación Banca.
Como todos saben, la propuesta de hacer reformas al marco legal del Banco de México (Banxico) derivó en estos cambios, que, aunque no lo crean se han dado más que rápido para habilitar la apertura de cuentas para migrantes de manera remota con el mínimo de requisitos, plan en el cual las autoridades financieras y los bancos están más que concentrados.
Así ya hay avances en el diseño de una estrategia de bancarización que consiste en la apertura remota de cuentas valiéndose de la matrícula consular, la adopción de tipos de cambio preferenciales, entre otros, por lo que ya se han publicado varias cambios legales, como la circular Banxico 2/201, que establece la creación de una cuenta de depósito a la vista en moneda nacional para personas físicas mexicanas residentes en el exterior, cuya apertura podrá realizarse con la matrícula consular o el pasaporte emitido en el exterior y que deberá ofrecer un tipo de cambio preferencial a sus titulares; el mismo ordenamiento hace posible la emisión de tarjetas prepagadas bancarias en moneda nacional que podrán ser adquiridas por personas físicas extranjeras que se internen al país y contarán con un límite de saldo de hasta mil 500 UDIs (10 mil 217 pesos).
El otro cambio es en la circular Banxico 3/2021, que establece para aquellos bancos que no puedan remitir sus dólares al exterior, un financiamiento contingente garantizado con el producto de la venta de dichas divisas o de valores gubernamentales; este tema si bien como explica BBVA Research puede resultar atractiva para las instituciones que se ubiquen en sus supuestos, pero no resuelve la problemática de fondo de dichas instituciones y la banca corresponsal en los Estados Unidos; y un cambio más por parte de la Secretaría de Hacienda que ajusta las reglas de lavado de dinero (Art. 115 de la LIC) en donde se establece la posibilidad de que clientes personas morales puedan llevar a cabo depósitos de dólares en efectivo en instituciones de crédito cuando se ubiquen en localidades con altos niveles de remesas (sumándose así a las localidades ubicadas en la franja fronteriza, los estados de Baja California y Baja California Sur y en zonas turísticas).
Todo en la ley y en el papel se lee muy bien, y la rapidez para realizar los cambios reconoce también la Asociación de Bancos de México es positiva, pero si esto no se logra llevar de la mano de impulsar la educación financiera, de explicar a detalle los beneficios del sistema financiero y el uso de la tecnología, de tener bancos “más amables” para los migrantes y sus familias con mejores servicios y precios acordes a sus necesidades, ese porcentaje que prefiere traer su dinero en efectivo con el riesgo que conlleva, seguirá así, sin confiar en ellos.
Y en el otro lado de la moneda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tenido intenso trabajo por el momento electoral que se vive, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado información al por mayor de los candidatos. En lo que va del año ha gestionado mil 189 oficios con requerimientos de información a entidades financieras a petición del INE que implica la gestión de información de 33 mil 850 personas, de las cuales en muchos casos deben entregar estados de cuenta en diversos formatos, tarjetas de firmas, etc, y en este proceso hay cinco instituciones bancarias que concentran el 90 por ciento de los requerimientos con retraso y por los que se ha quejado la autoridad electoral, y son, según informó la CNBV: Banco Santander; Banco Azteca; Banamex, Scotiabank y Banorte, a quienes seguramente pasando elecciones -de ganar alguno de los candidatos en investigación-, les será pedido con mayor urgencia esta información; de todos modos las multas por incumplir los requerimientos de información están a la vista. Por lo pronto, la moneda está en el aire.