Hace seis años, al asumir el cargo como comisionado del INAI y en medio de un ambiente de desigualdad, corrupción y violencia, decidimos que es inadmisible que los servidores e instituciones públicas gastemos sin controles en viajes y en publicidad oficial, que se desvíen recursos sobre contrataciones públicas, o existan graves violaciones a derechos humanos. ¿Quién autoriza esos gastos?, ¿a dónde va ese dinero?, ¿se justifica su uso?, ¿participaron autoridades en violaciones graves a los derechos humanos? Para brindar respuestas, creamos cuatro herramientas tecnológicas que facilitaran el acceso a la información pública sobre estos temas y útiles a las autoridades y a la población como instrumentos de control de sus acciones y del ejercicio de los recursos públicos en tiempo real o con temporalidades bien definidas.
La información de comisiones, publicidad oficial y contrataciones públicas son obligaciones de transparencia, por ley debe ser pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, los interesados deben conocer los artículos y fracciones específicos de la ley para localizarlos y saber de técnica presupuestal para comprenderlos. Si pocos pueden aprovechar la información, el esfuerzo institucional de generar miles de expedientes y datos electrónicos beneficia a unos cuantos. Esto debía y debe cambiar. Por ejemplo, las contrataciones públicas es una de las obligaciones de transparencia más consultada, pero más personas aprovecharían esta información si se facilitara su consulta, utilización y visualización. Hoy la PNT no permite filtrar búsquedas por funcionario, proveedor o tipo de servicio. Además, los datos no siempre están verificados y no se visualiza de forma amigable, sólo se descargan documentos u hojas de cálculo. ¿Cómo aprovechar los esfuerzos institucionales en la carga de información? ¿Cómo satisfacer las demandas de información de la sociedad mediante ejercicios de transparencia proactiva?
En este contexto, creamos Comisiones abiertas (https://cutt.ly/Ctw5sCu); Transparencia en publicidad oficial (TPO; https://cutt.ly/Otw5s8J); Contrataciones abiertas (https://cutt.ly/ktw5dc6); y Memoria y Verdad (http://www.memoriayverdad.mx/). Adoptamos un enfoque de cocreación convocando diversos actores para diseñarlas y construirlas mediante retos públicos. Este ejercicio permitió identificar los datos que esperan ver los interesados y ayudó a reducir costos. El INAI publicó toda la información sobre estos temas y las herramientas están a disposición de cualquier institución pública para replicarlas gratuitamente.
En una segunda fase, con Comisiones Abiertas decidimos utilizar la información cargada en la PNT para optimizar procesos internos y disminuir las cargas administrativas. Contrataciones abiertas sigue la misma lógica, pero va más allá: la interconexión incluye el sistema de gestión de archivos y se trabaja para ampliarla a la Plataforma Digital Nacional. Con TPO impulsamos un modelo en sentido inverso: se capturan los datos del gasto en comunicación social y publicidad oficial en la herramienta y genera un archivo con los datos validados para luego subirlos a la PNT y cumplir con la obligación de transparencia.
Los cambios en las políticas públicas implementados por el actual gobierno federal obligan a la transparencia a convertirse en una herramienta de la población para exigir los derechos que le corresponde y ayudar a controlar la corrupción, disminuir las desigualdades y construir comunidades seguras. De ahí la necesidad de una reforma que simplifique o reduzca las obligaciones de transparencia, para liberar cargas en las instituciones e invertir recursos en iniciativas de transparencia proactiva que satisfagan las demandas de información reales de diversos grupos de la sociedad. Hacia allá debe ir la transparencia en el futuro.
Post scriptum: agradezco a El Financiero brindarme la hospitalidad de este espacio durante mi gestión como comisionado del INAI.