Joel Salas Suarez

#TransparenciaTotal contra el despilfarro, la corrupción y la impunidad

Recientemente el presidente electo cuestionó el desempeño del INAI, lo que generó la incógnita sobre cómo será la relación de los órganos autónomos con la nueva administración.

En las dos últimas semanas, el INAI estuvo en el centro de la opinión pública, debido a que el presidente electo cuestionó el desempeño del Instituto en dos temas: la falta de información pública sobre las cancelaciones y condonaciones fiscales y en el caso Odebrecht. Este cuestionamiento fue el parteaguas de una discusión más amplia: ¿cómo será la relación de la nueva administración federal con los órganos constitucionalmente autónomos? Espacios e instrumentos ganados desde la sociedad para el control democrático del ejercicio del poder.

Ambos casos tienen historia en el Instituto. Desde 2010, el entonces IFAI ordenó abrir información sobre cancelaciones, condonaciones y créditos fiscales que otorgan instituciones como el SAT y el IMSS. Esta postura se mantiene por unanimidad en el pleno del INAI. Aún más: hoy esta información es una obligación de transparencia de acuerdo con el artículo 71 fracción I de la Ley General de Transparencia (LGTAIP).

En lo que se refiere al caso Odebrecht, en un ejercicio de transparencia proactiva, el INAI publicó desde diciembre de 2017 en su sitio web la información pública del caso. Además, la postura mayoritaria del Pleno del INAI cambió cuando votamos el recurso de revisión RRA 4436/18 y, utilizando el criterio de interés público, se instruyó a la PGR a entregar en los próximos días la información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación relacionados con Odebrecht.

La LGTAIP es evaluada como una de las mejores leyes en la materia del mundo y nos da a los comisionados la posibilidad de interpretarla en favor de hacer pública la información por encima del secreto comercial o la confidencialidad de algunos nombres contenidos en contratos. Como ejemplo está el recurso de revisión RRA 1225/17, en el que la ponencia a mi cargo propuso vencer el secreto comercial y la apertura de algunos nombres de personas en los contratos de PEMEX con Odebrecht mediante una ponderación de derechos de acuerdo al artículo 155 de la Ley Federal de la materia y porque la reserva de información no puede prevalecer ante la excepción que marca el artículo 112 del mismo marco normativo.

Durante dos eventos, la Semana Nacional de Transparencia en la CDMX y el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 en Chihuahua, se reafirmó la certeza de que la transparencia ha contribuido al fortalecimiento de la democracia y el pluralismo en nuestro país. En ambos también se hizo un balance del Instituto, de sus aciertos y errores, de sus acciones e inacciones, pero existió una constante: hoy el INAI es, gracias a la demanda de la sociedad, un organismo autónomo del Estado mexicano que permite a la población controlar el ejercicio el poder. Se destacó el papel que tuvo para la apertura de la información que nutrió los reportajes periodísticos de la Casa Blanca y la Estafa Maestra, entre otros. También para la apertura de los expedientes de San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa, para la implementación de gobierno abierto en 26 entidades federativas o al interponer acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior y contra leyes locales que vulnerarían los derechos de acceso a la información o protección de datos personales. A la lista se sumó la labor del INAI en la apertura de archivos en el contexto de los proyectos Memoria y Verdad y M68.

El reciente mandato de la población en las urnas fue claro: no más corrupción ni impunidad. Las instituciones del Estado mexicano debemos atender esta demanda.

En el INAI revisamos los 50 puntos de los lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana. De querer implementar mecanismos de verificación de estos compromisos, el próximo gobierno federal podría utilizar las herramientas implementadas por el INAI (Transparencia en Publicidad Oficial, Comisiones Abiertas y el Estándar de Contrataciones Abiertas) y algunas obligaciones de transparencia para demostrar que cumple 36 de los 50 puntos. Hoy necesitamos #TransparenciaTotal porque sólo con información pública, autoridades y población podremos trabajar juntas para prevenir, denunciar, perseguir y castigar el despilfarro, la corrupción y apaciguar el profundo sentimiento de impunidad que existe en nuestra sociedad.

COLUMNAS ANTERIORES

El futuro de la transparencia
Protección de datos = crecimiento económico

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.