Para nadie es nuevo el reconocimiento del alto grado de incertidumbre que rodea al actual contexto económico y financiero tanto a nivel global como local. Los riesgos se presentan en diversos frentes, con implicaciones tanto del lado de la demanda como de la oferta que a su vez agudizan los grandes dilemas para la política económica. Con este marco, esbozo lo que creo son los principales retos inmediatos para la política económica local.
Primero, ubico el agudo dilema que enfrenta la política monetaria. En contraste con un amplio sector de economías emergentes, la mexicana no solo padece de alta inflación sino de un estancamiento económico. Dicho estancamiento implica niveles de actividad económica no solo por debajo del nivel prepandemia sino profundamente inferiores al sendero de crecimiento de largo plazo. Con un marco así, el margen de acción para anclar las expectativas de inflación se encuentra limitado por el riesgo que implica que un esfuerzo amplio de alza en la tasa de interés de referencia termine por coadyuvar en la materialización de una nueva recesión económica.
Banxico ya se ocupa del contexto descrito. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno expresa su compromiso con el objetivo de estabilidad de precios y una meta de inflación de 3 por ciento (más menos un punto porcentual de volatilidad). No obstante, es muy probable que, aunque el mensaje decidido contra la inflación se mantenga, el reconocimiento de condiciones económicas preocupantes comience a matizar el tono ‘halcón’ de la mayoría de la Junta no muy lejos en el horizonte. En esta línea, veo un creciente obstáculo para restringir las condiciones monetarias locales, así como la permanencia de tales condiciones astringentes por un periodo prolongado.
En segundo término, y circunscrito a lo fiscal, concentro mi atención en el riesgo que significa un limitado margen de maniobra para enfrentar el estancamiento económico, en el mejor de los casos, y una nueva recesión, en el peor. La renuencia de las autoridades a tender puentes de cooperación entre los esfuerzos públicos y privados convive con la defensa de un déficit público limitado y con una composición de gasto con bajo potencial de contribución al crecimiento económico -en el contexto de un histórico y pobre récord en materia de multiplicador fiscal.
Por otro lado, es cierto que quizá los niveles y patrón de crecimiento de la deuda pública per se no ubique a México en zona de alto riesgo de pérdida de calificación crediticia -sobre todo al compararlo con los niveles promedio en el caso de sus pares con evaluación crediticia similar-. No obstante, los pasivos contingentes del gobierno, el desgaste de sus fuentes potenciales de ingresos por concepto de recaudación y la erosión institucional podrían ser fuentes de presión crediticia en el mediano plazo.
Desde luego, este es el contexto propicio para revivir el debate sobre la conveniencia de ‘reformas estructurales’ que atiendan el bajo crecimiento económico, los retos fiscales y el marco institucional idóneo, al tiempo que dicha combinación de palabras es tabú en la coyuntura política actual.
Claramente, los riesgos arriba expuestos podrían no materializarse. Sin embargo, la historia nos ha recordado una y otra vez que los entornos complejos aderezados con limitados márgenes de maniobra de política económica no son la mejor de las combinaciones.