Aquí hay dinero. Esto es como la beca que dejaron ir en la universidad simplemente porque no sabían que existía.
¿De qué está hecha la empresa? De gente. Salvo una remota posibilidad, hay personas trabajando ahí.
Si los empleados batallan porque no les dan lo que corresponde y si la compañía afecta más que ayudar a la gente del ‘barrio’ o de la ciudad, es cuestión de tiempo para que pierdan clientes, lleguen más problemas o las demandas, si no es que ya están ahí.
Lo que empezó como un bonito deseo de responsabilidad social en los noventa, evolucionó a la velocidad del calor del cambio climático. Con la preocupación ambiental llegó la social e incluso la atención hacia la empresa misma, de gobierno corporativo, para que los empleos duren y creen oportunidades.
Al decir llegó, es porque la ONU lleva tiempo sobre eso y la SEC, máxima autoridad regulatoria estadounidense en el ámbito financiero, prepara ya normas de contabilidad de emisiones que van también por exportadores de Ciudad Juárez o de Monterrey.
El cumplimiento de criterios ESG (por sus siglas en inglés) ya está sobre las compañías más grandes del mundo y derrama rápidamente sobre sus proveedores. Incluso sobre aquellos que quizá solo hacen una bisagra o una pieza de inyección de plástico.
Si surten, son parte o cómplices de lo que haga su cliente.
¿Pero cumplir es un costo, no? Suena bien eso de cuidar el medioambiente y a los empleados, pero poner paneles solares o dar prestaciones y subir prestaciones, cuesta.
A sabiendas de esa circunstancia, las mismas empresas más grandes –a veces obligadas por el gobierno de sus países de origen– ya ‘lubrican’ los ajustes. Aquí es en donde está el dinero, hay crédito.
Tomen a la alemana Siemens como un primer ejemplo. El mes pasado informó en Estados Unidos que lanzó un programa para otorgar 100 millones de dólares en préstamos a pequeñas y medianas empresas que buscan reducir sus emisiones de carbono.
Lo hacen a sabiendas que éstas componen gran parte de las cadenas de suministro de la que forman parte plantas mexicanas.
Los proyectos que entran en el radio de acción de esta iniciativa incluyen paneles solares, rediseño del piso de una fábrica o implementación de tecnología para rastrear emisiones, con préstamos que oscilan entre un millón y unos 10 millones de dólares, a un plazo de tres años.
Más cerca está Bancomext. La subdirectora Dorotea Ortiz, una experta que ya pasó por Nafin y BBVA, organiza la conexión con recursos de programas del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); el European Investment Bank (EIB) y del Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Todas esas instituciones ofrecen también préstamos en rangos similares a los que concede Siemens, en algunos casos con restricciones como la de un límite de 50 por ciento sobre el monto total del proyecto. Amén claro, de reglas a ser cumplidas, como un mínimo de cinco años incluyendo al menos un año de gracia y máximo de hasta 15 años, con tasas de interés fijas o variables, opciones de pagos anuales o semestrales.
Es sorprendente cómo empresarios mexicanos de todos los niveles siguen percibiendo como un asunto lejano el cumplimiento con estándares de cuidado del medioambiente y de la sociedad en sus operaciones.
Basta ver que las tres principales calificadoras del mundo: Fitch, Moody’s y S&P operan ya directa o paralelamente con oficinas y metodologías que miden el cumplimento con criterios de ESG.
Lo que viene aplicará también para gobiernos, locales estatales o federales que son parte también del esquema económico.
En México, HR Ratings ya estableció medidas para esos actores, en afán de registrar sus niveles de honra de obligaciones. ¿Es el gobierno de ‘Petecbiltún’ un buen empleador? ¿Cómo cuida de sus desechos? ¿Cobra pero no cumple?
Todo eso se mide para saber si una empresa o un gobierno ayuda o estorba en la necesidad de cuidar el sistema en el que operamos todos. Muchos quedarán al margen, sin clientes… y sin acceso al sistema financiero. Hay luz, todavía.