No, no hay manera de que un nutriólogo recomiende que ustedes coman lo que quieran en la calle.
Dejen de lado las calorías y el colesterol, la gente debe considerar, entre otras cosas, el origen de la comida. ¿En dónde la compraron? ¿De dónde viene? ¿Sí es pescado el de esos tacos? ¿Lavaron las verduras en el puesto de la parada del camión?
Pero al gobierno le urge contener la inflación y ayer México recibió desde Palacio Nacional una licencia presidencial para comer a ojos cerrados y apostando por la honestidad de empresarios para que vendan lo que quieran. Literalmente.
Los países comen. La gente que los habita compra comida producida afuera y adentro del país y sus ciudadanos encargan a su gobierno que revise la calidad e higiene. En México eso es asunto del Senasica y la Cofepris. En este momento, el nombre es lo de menos.
De esa manera, los habitantes están relativamente confiados en que lo que compran en el supermercado puede comerse sin que les enferme.
Desde hace varios sexenios el gobierno ha bajado el nivel de atención al asunto, limitando recursos para la Cofepris y el Senasica. Pero ayer llegamos ya a un punto remoto e inexplorado:
“Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Senasica, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, así como del impuesto general de importación”.
Esas fueron las palabras textuales del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Así continuó el funcionario, ante empresarios invitados al plan, y observado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo a su lado:
“Se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad”, añadió Ramírez de la O.
“Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole”.
Resumen: empresarios, compren en donde quieran, lo que quieran, pero por favor, que lo que vendan sea más barato porque urge detener la “carestía” que es tan impopular.
¿A qué empresas representan quienes fueron “licenciados” ayer?
A Tuny; Grupo Pinsa (Atún Dolores); Grupo Maseca; Minsa; Verde Valle; Bachoco; Sukarne; el grupo ganadero Gusi; la organización de porcicultores Opormex; Sigma Alimentos (Salchichas Fud); Walmart; Soriana; Chedraui…
A ver… la “carestía” que refiere el presidente sí es un asunto mundial por escasez de casi todo y eso se arregla con menos consumo o más producción. El gobierno quiere lo segundo. Eso luce sensato.
Pregunta sincera: ¿aumentar la oferta implica abrir la puerta a lo que sea? Evidentemente hay un riesgo que deben reconocer todos, independientemente de filias y fobias.
Otra cosa para la memoria: la eliminación de la vigilancia fiscal y de sanidad que prometió ayer el gobierno a algunas empresas, es una de las estrategias más liberales de los gobiernos recientes. Incluso de los más “neoliberales”.
Finalmente: ojo a lo que dirán dueños de empresas chicas y grandes que quedan fuera de la lista “temporal” de licenciados. Ellos competirán en desventaja y eso no va a gustarles.
A todo esto... ¿la licencia reducirá los precios? Quién sabe.