Se la pasan sonriendo. Cada vez que el presidente viaja a Yucatán, lo que ocurre al menos cada tres meses, evidencia la conexión que tiene con el gobernador del estado.
Es atípico el caso tratándose de Andrés Manuel López Obrador, un morenista; y Mauricio Vila Dosal, un panista. Pero por carisma, por conveniencia, o por lo que ustedes quieran, las cosas caminan entre ambos. Ahora viene lo que faltaba para una entidad que ya iba volando: el gas natural.
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila tienen más industria que los estados del sur por estar cerca de Estados Unidos, pero también porque cuentan con ese hidrocarburo.
No solo sirve para quemarlo y con su calor producir materiales como el acero, vidrio o cemento, sino porque su combustión genera electricidad. Más de la mitad de la que usan los mexicanos, por cierto. En Yucatán ese recurso es hasta ahora, escaso… hasta ahora.
Ayer la CFE, a cargo de Manuel Bartlett, reveló un acuerdo con la francesa Engie, un “convenio que permitirá a las partes acordar los términos técnicos y comerciales para la ejecución de una expansión del gasoducto Mayakan”. Se trata de un largo tubo de más de 700 kilómetros que conecta Tabasco con Yucatán, pasando por Campeche.
¿Por qué ahora? Porque urge. Dos nuevas plantas de generación eléctrica de ciclo combinado que usarán gas, fueron anunciadas al inicio del año por la CFE; las construirá Mitsubishi Power.
Juntas representan una inversión de unos mil 220 millones de dólares que añadirán mil 530 megawatts de capacidad a un estado que hasta hoy requiere de unos 900 megawatts.
Estos se sumarán a otros 200 megawatts de capacidad de generación de energía eólica y solar instalados durante el último lustro.
Pero nueva demanda viene en camino. Solo la inversión extranjera directa en Yucatán pasó de 66 millones a 515 millones de dólares de 2021 a los primeros nueve meses de 2022, de acuerdo con datos del gobierno federal.
Una señal de lo que se viene para este estado peninsular está muy cerca de Paseo Montejo, en su salida al puerto de Progreso.
Ahí, al norte de Mérida, el gobierno de Estados Unidos construye un enorme consulado que requirió una inversión de 150 millones de dólares, monto equivalente al del recientemente inaugurado en Monterrey, por ejemplo.
Políticos locales hablan de que si bien ese nuevo edificio emitirá visas, la infraestructura tiene propósitos mayores.
Yucatán se convierte en un punto estratégico en la relación de seguridad que Norteamérica tiene con Centroamérica.
La cónsul encargada del proyecto fue Courtney Beale, quien antes se ocupó de asuntos de seguridad globales en la Casa Blanca, en una relación directa con el presidente Barack Obama. Hoy es asistente ejecutiva de Antony Blinken, en el Departamento de Estado.
Beale fue sustituida por la ahora cónsul Dorothy Ngutter, diplomática quien anteriormente se desempeñó como directora de la Sección Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada estadounidense en Islamabad, Pakistán, administrando programas del sector de seguridad y justicia fronteriza. Conocimientos útiles en la frontera sur y en Quintana Roo, estado impactado por el crimen organizado.
Al margen de la relevancia estratégica política de Yucatán, la ampliación de su puerto Progreso –ya comprometida por la Secretaría de Marina– brindará a México la primera salida peninsular robusta hacia el noreste de Estados Unidos y hacia Europa, que de inicio debería convertir esa ubicación en la sede del mayor astillero de América, luego de una promesa de la italiana Fincantieri para instalar ahí un centro de construcción de barcos.
Las dos plantas de ciclo combinado y la ampliación del gasoducto acordados entre los mandatarios estatal y federal deberían sumar nuevas oportunidades, regionalmente.
¿El gran pendiente de sus gobiernos? La nueva posposición de otra infraestructura urgente: la de un drenaje urbano meridano que cuide el futuro hídrico de la mayor reserva de agua de México.
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