Ella llegó agitada a la exhacienda yucateca San Diego Cutz esa noche de abril.

Aunque Alfonso Romo y Marcelo Ebrard dominaban la agenda del encuentro entre poderosos empresarios estadounidenses y mexicanos, quien llevó noticias frescas que tranquilizaron a los visitantes fue Luisa María Alcalde.

La secretaria del Trabajo celebraba una 'reforma laboral' aprobada horas antes en la Cámara de Diputados que los estadounidenses vieron bien, principalmente por una lectura inicial: debilitó a poderosos líderes sindicales nacionales anquilosados en sus posiciones.

En aquella 'CEO Summit' de Mérida, los visitantes confirmaron que los mexicanos reducirían las ventajas que les dan sus leyes para abaratar la mano de obra, en detrimento, dicen ellos, de los trabajadores norteamericanos. Pero a decir de los hechos, querían más.

Su contraparte, el gobierno de México, deseaba avanzar en el T-MEC. Hechos posteriores confirmaron que esa semana hubieron más acuerdos para ese efecto.

Simbólicamente, el primero de mayo fueron publicados los primeros cambios a la Ley Federal del Trabajo.

Pero dos meses después el Diario Oficial dio cuenta de más modificaciones relacionadas con la 'inspección al trabajo' en el capítulo V de la ley que contempla verificaciones de cumplimiento, por ejemplo, en tareas como la de ofrecer "condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres".

Así, el 2 de julio fue precisado el poder de los 'inspectores' que debe nombrar Alcalde en su calidad de secretaria. En el artículo 542 les autorizaron ese día "inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos".

Los hechos certificados por los inspectores del trabajo en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones, "se tendrán por ciertos mientras no se demuestra lo contrario".

Paralelamente, Luisa María Alcalde trabajó en un ajuste fuerte a los salarios mínimos que beneficie a los trabajadores formales de menos ingresos, una agenda que también camina en el sentido solicitado por norteamericanos: reducir la brecha salarial entre los trabajadores de ambos países. Fueron puntos en favor del visitante.

Esta semana, el gobierno estadounidense aclaró al negociador nacional Jesús Seade que sí tendrán agregados del Departamento del Trabajo que laboren en la embajada, pero que no serán inspectores. Puede ser.

Pero también aclaró la Oficina del Representante de Comercio que colaborarán con trabajadores y grupos civiles en la implementación de la reforma laboral mexicana. En los hechos, examinarán o inspeccionarán los resultados de los inspectores de Alcalde.

¿Qué tan malo puede ser eso? Empresarios reconocen que es el todavía vigente TLCAN y sus reglas, lo que da certidumbre a las inversiones extranjeras, justamente porque están sujetas a reglas internacionales, no al sistema judicial mexicano.

Habrán de verse las consecuencias del T-MEC y sus nuevas reglas laborales, cuando éste sea ratificado. Mal asunto tal vez para empresarios cuyas empresas innovaron poco y apostaron a estirar sus bajos márgenes por vía, entre otras, de la explotación laboral.

Expertos en manufactura advirtieron muchas veces que México no debe basar su economía en la mano de obra barata, sino en el aumento de la productividad, en entrenar a la gente para que lo que haga tenga más valor que atornillar piezas, como hicieron los chinos. En eso el país luce estancado.

Así, los extranjeros no han anunciado desde 2015 una sola inversión de nuevas plantas de producción automotriz, pese a que durante una década llegaron a razón de 3 mil 500 millones de dólares anuales. Ford, GM, BMW, KIA... con márgenes de utilidad neta que van de menos de 2 por ciento a 8 por ciento en el mejor de los casos. Vinieron a bajar costos y ese beneficio les queda menos claro hoy.

Hasta que eso no cambie de circunstancia, esperaremos a ver el tipo de inversiones extranjeras a las que aspira México con las nuevas reglas… cuando los legisladores estadounidenses las validen, ahora que contarán con agregados 'no inspectores' de los inspectores nacionales.