Alguien quiere que luzca muy dramático el caso, así, como el del gran cantante, pero no, no hay bases.
En México existe un yacimiento marino petrolero a 60 kilómetros al norte de donde ubicará el presidente la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
Eso es menos que la distancia entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Conviene tener a la mano esa materia prima.
Esta semana, sin citar nombres, Reuters informó que un par de personas dijeron que Pemex quiere quedarse con el control de los recursos de ese yacimiento llamado Zama y que contiene aproximadamente mil millones de barriles de crudo que equivalen a dos años de la producción completa actual de México.
Ese volumen supone un valor también equivalente en el largo plazo a unos 50 mil millones de dólares que pueden dejar al menos unos 30 mil millones de ganancias brutas, a precios de hoy.
Esos recursos no le pertenecen ni le pertenecieron jamás a Pemex, sino a los mexicanos. No es lo mismo.
Pemex tuvo la oportunidad de encontrar ahí petróleo, al no conseguirlo, los ciudadanos a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concedieron el derecho a empresas privadas para explorar esa zona, cumpliendo con las leyes vigentes y en un ejercicio transparente que fue público, televisado y transmitido por medios de todo el mundo durante las rondas petroleras.
Las ganadoras fueron Talos Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil. Sierra vendió su parte, pero ese es otro tema.
A cambio del permiso ganado, las empresas beneficiadas se comprometieron a entregar 69 por ciento -o casi 7 de cada 10 dólares- de la ganancia que obtengan al vender el producto que extraigan, vigilados siempre por autoridades del gobierno.
En 2017, finalmente dieron con el crudo y en Pemex varios se pararon de pestañas. Buscaron petróleo cerca de ahí durante años y no dieron con el yacimiento, les faltó dinero y técnica para hacerlo.
En consecuencia, el derecho a explotarlo ya no es de Pemex sino de los mexicanos que obtendrán la gran mayoría de las ganancias, mismas que cobrará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo equipo controla el erario por la vía de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que además, cargará impuestos sobre la renta a los inversionistas.
Una posible circunstancia permitiría aún a Pemex, a cargo de Octavio Romero, participar en el proyecto: que la empresa demuestre mediante una prueba hidráulica que un terreno adyacente bajo su control está conectado con los mismos recursos.
Eso es posible, salvo por alguna circunstancia previa a la existencia de la humanidad, que haya formado entre ambos territorios alguna montaña subacuática que bloquee la conexión.
Ojalá por la empresa mexicana, pero en cualquier caso, la compañía debe demostrar mediante estudios científicos esa conexión y tiene todavía hasta el año entrante para hacerlo, bajo un acuerdo de unificación del yacimiento firmado el año pasado.
Si no hay acuerdo, debe venir un árbitro imparcial, según lo previsto en ese tratado, pero para eso faltan meses.
Lo demás, el ruido, es el resultado de los intereses de alguien que tal vez quiso engañar a los medios, ocultándose en el anonimato y dañando la imagen de México en el extranjero.
Porque de ser cierta la intención de apropiarse del control de Zama sin mediar el proceso descrito, entonces estamos ante una posible estatización de ese yacimiento que requiere de otra vía legal.
Ni el presidente, ni la secretaria de Energía Rocío Nahle, ni el director de Pemex, hicieron tal comentario, al menos no públicamente.
Si eso ocurre, olviden el escándalo de los gasoductos armado por Manuel Bartlett. Esto sería de otra dimensión. Una intención de expropiar sí nos aproximaría a la circunstancia de un país que abandona sus oportunidades de crecimiento económico por la vía de la inversión. Así lo hizo, por ejemplo, Venezuela.