No está en duda que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, es y siempre ha sido un delincuente. Por haber nacido en una familia multimillonaria, el precio que ha pagado por sus tropelías es mínimo. Perdió varias demandas por discriminación en Nueva York cuando se rehusaba a rentar a afroamericanos, años después tuvo que indemnizar a quienes se inscribieron en su universidad patito, ha perdido demandas contra algunos proveedores, pero nada que le quite el sueño.
Para cuando las autoridades se dieron cuenta de su masiva evasión de impuestos, ya era presidente. En la campaña misma que lo llevó a la Casa Blanca, quedó evidenciado que pidió y recibió ayuda de Rusia, y al enterarse de que el FBI había abierto una investigación, despidió al entonces director del FBI, James Comey, en la primera de sus múltiples obstrucciones al proceso judicial, que es un delito tipificado.
Por ello, su primer fiscal general, Jeff Sessions, nombró a Robert Muller a una fiscalía especial independiente. Pero Muller, como se comentó en esta columna muchas veces, encontraba obstáculos por todos lados. Para empezar, la política del Departamento de Justicia impide presentar cargos contra un presidente en funciones. El acceso de Muller a citar testigos era reducido, porque los colaboradores de Trump se negaban a declarar.
Aun así, el reporte final de Muller no deja dudas en cuanto a la culpabilidad de Trump, por lo menos en el delito de obstrucción de la justicia. Para estas fechas, el fiscal general ya era Bill Barr, incondicional de Trump, que sepultó el reporte.
El viernes pasado, el fiscal general actual, Merrick Garland, nombró a otro fiscal especial independiente, de nombre Jack Smith, para investigar el caso de los documentos clasificados que Trump se llevó ilegalmente a su casa de Mar-a-Lago en Florida, y que el FBI recuperó en un cateo hace unos meses, además de la posible responsabilidad de Trump en la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021.
Smith es un fiscal veterano, que ha investigado docenas de casos de corrupción de funcionarios públicos. Fue parte del tribunal de La Haya, y participó en juicios de crímenes de guerra en Kosovo. De hecho, tomó posesión desde Europa, donde aún tiene asuntos pendientes. Su promesa es que, puesto que llega con una investigación bastante avanzada, y un equipo de investigadores y fiscales ya formado, su llegada no provocará retraso en el proceso. Esto es importante, porque los tiempos electorales se pueden atravesar, si la investigación no es expedita, y Trump ya es precandidato.
Jack Smith tiene varias ventajas sobre Muller. Trump ya no es presidente, y no puede mover los hilos del poder para obstaculizar la investigación. Al no ser presidente, está sujeto, como cualquier otro ciudadano, a que se le presenten cargos formales, pero esto tendrá que ocurrir antes de que empiecen las primarias en 2024. De otra manera, Trump alegará que es persecución política.
Claro que esto último lo hará de cualquier manera. Para empezar su defensa, ya mandó a sus incondicionales en la Cámara baja a amenazar al Departamento de Justicia con investigaciones y citatorios interminables. Trata así de establecer la narrativa. Pero la mayoría republicana en la cámara es apenas de siete asientos, y Trump ya no tiene la fuerza de antes.
Le quedan, también, recursos legales. Siempre ha usado el sistema jurídico para aplazar los tiempos legales, y lo hará ahora. Trump es sumamente mañoso.
A favor de Jack Smith, el fiscal especial, está la claridad del caso. Él presentará docenas de casos similares en los que el acusado ha sido encontrado culpable. El argumento será que Trump no tiene por qué recibir trato distinto.
Tendremos más esta noche a las 9 pm en EL FINANCIERO TV. Los esperamos.