Por muchos motivos, esta ha sido una semana sumamente difícil para Estados Unidos. Primero, las tragedias humanas. Desde el fin de semana, y hasta ayer, hubo tres incidentes, todos en California, de lo que llaman allá mass shootings, que se traduce como “balaceras masivas”. La definición es que se produzcan cuatro o más muertes o heridos en cada incidente. De los 26 días de este año, Estados Unidos ya contabiliza 39 de estos ataques, más de uno al día. En México, no andamos mejor, pero las motivaciones son distintas. Aquí, la mayoría de las masacres se atribuye al crimen organizado y los ajustes de cuentas que resultan en violencia.
En Estados Unidos, la gran mayoría de estas tragedias se debe a individuos solitarios, normalmente con problemas de salud mental, y, aquí está el secreto, con fácil acceso a armas de alto poder. En el primero, en Alhambra, California, en una comunidad predominantemente asiática, un sujeto de 72 años de edad, armado hasta los dientes, y de origen asiático, entró a un salón de baile donde se celebraba el Año Nuevo Lunar, y disparó a mansalva. Mató a 11 personas, la mayoría de la tercera edad. Salió, y lo intentó de nuevo. Pero un joven que estaba en el vestíbulo de otro salón de baile lo interceptó, lo desarmó y lo hizo huir. Cuando finalmente lo cercó la policía, se suicidó. Al revisar su vivienda, las autoridades encontraron un arsenal. Suponen que fue una venganza pasional.
Este ataque, y los otros dos que ocurrieron en California entre lunes y martes, donde, por fortuna, el saldo no fue tan grave, están claramente ligados a la asombrosa facilidad que tienen en Estados Unidos para adquirir armas, no de defensa, sino de guerra. Es el debate eterno de los intereses de la industria armamentista. Los políticos, en su mayoría republicanos, están comprados para no pasar legislación que altere sus intereses. Es absolutamente inconcebible que los productores y vendedores de estas armas letales estén legalmente exentos de enfrentar demandas judiciales. Pero así les gusta.
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En el frente jurídico, al expresidente Donald Trump le está llegando el agua al cuello. La fiscal del condado Fulton, en Georgia, cerró su investigación sobre el intento de Trump y sus esbirros de alterar la pasada elección presidencial en ese estado. Ante un gran jurado especial, la fiscal entrevistó a 75 testigos, incluyendo a Rudy Giuliani, el abogado de Trump, y a Mark Meadows, el jefe de la Oficina Presidencial.
¿Tiene la fiscal Willis suficiente evidencia para presentar cargos formales? Parece que sí. El martes hubo una audiencia ante el juez que lleva el caso, para responder a la exigencia de varios medios de comunicación de que se diera a conocer el contenido de las comparecencias.
La fiscal Willis se opone a que se revelen los testimonios, y argumentó que aún están valorando la evidencia para ver si presentan cargos y contra quiénes. La fiscal dijo que esa decisión es “inminente”, y que, si se publican los documentos, se podría afectar de manera negativa la reputación de personas que no serán acusadas. Los analistas jurídicos tienen otra opinión. Ellos piensan que es una táctica de la fiscal para evitar dar argumentos a una casi segura apelación.
Todos conocemos la evidencia. Trump está grabado tratando de presionar a las autoridades de Georgia para “encontrarle 11 mil votos”. Los viajes de Giuliani y Meadows a Georgia están bien documentados, y eso sin siquiera entrar al asunto de los electores patito que también intentó el expresidente.
Esperen en los próximos días la presentación de cargos formales contra Trump y sus cercanos.