El procurador general de Texas en Estados Unidos, un republicano de nombre Ken Paxton, el encargado de aplicar la ley en su estado, es, a su vez, un delincuente, literalmente. En el verano de 2015, Paxton tuvo que entregarse a su propia policía, fue fichado en la comisaría, y luego salió bajo fianza. Paxton fue acusado de fraude y tráfico de influencias, luego de que lo descubrieron reclutando conocidos suyos para invertir con agentes financieros cientos de miles de dólares, mientras era miembro de la legislatura estatal, y candidato al puesto que hoy detenta. Cobró jugosas comisiones, y no las declaró, lo que es ilegal.
Paxton negó los cargos, pero cuando se descubrió que dos años antes había hecho lo mismo con otra compañía, su argumento se derrumbó. En el caso anterior, acabó pagando mil dólares de multa. Pero en este, cada uno de los dos cargos contra él, llevaba una pena máxima de 99 años de cárcel.
El caso siguió su curso en las cortes, a pesar de lo cual, en 2018, Paxton obtuvo su reelección, confirmando una vez más que los votantes sí se equivocan, y con más frecuencia de lo que nos resulta cómodo. Al día de hoy, con este señor aún en funciones como procurador general, el caso no se ha resuelto, y Paxton sigue vulnerable a un fallo que lo puede mandar a la cárcel de por vida.
Sus problemas no acaban ahí. Los principales 7 funcionarios bajo su gestión, entre subprocuradores y asistentes, firmaron una carta donde acusan a Paxton de tráfico de influencias, abuso de poder, soborno y otros delitos, completamente separados del fraude original. De los 7, los que no renunciaron, fueron despedidos, y Paxton, de nuevo, negó todos los cargos.
Pero la prensa se puso a trabajar y destapó la cloaca. Ken Paxton usó el poder de su oficina para ayudar a un generoso contribuyente de sus campañas políticas que estaba siendo investigado por el FBI. Trató, el pobre, de investigar a los investigadores, usando a un "abogadillo" de poca monta, a quien habilitó como funcionario, y esto fue lo que enfureció a sus colaboradores, quienes, además, ya lo demandaron por despido injustificado. Ahora ya lo investiga el FBI.
Ante la difícil situación que enfrenta, Paxton decidió que era el momento de tomar medidas de emergencia. El martes, Ken Paxton, a nombre del estado de Texas, presentó una demanda directa ante la Suprema Corte de Justicia, para que los magistrados declaren inválidos los resultados electorales de Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, con los mismos argumentos que ya fueron derribados por distintas cortes en los 4 estados en cuestión, y el mismo día que la propia Suprema Corte desechó otro caso, en Pensilvania, con la misma fantasía jurídica.
Es increíble que la prensa conservadora se entusiasme por un recurso imposible de ganar, pero así es. El propio Paxton no es tan tonto. Él sabe perfectamente que la Corte le tumbará el caso en cosa de días. Pero también sabe que capturó la atención de un presidente cuyo mandato agoniza, y que, en el torbellino de su salida, bien podría otorgarle un perdón presidencial a Paxton, y librarlo así de las múltiples cuentas que tiene con la justicia. Y, en la feria de los perdones presidenciales, no suena tan descabellado. Y no es el único en esa situación. Está la familia, los funcionarios cercanos y los amigos, impresentables casi todos, esperando perdones. Y está el propio Donald Trump, aunque las cortes parecen dispuestas a ponerle un alto, porque Trump pretende expandir el efecto de sus perdones hasta límites inconstitucionales.
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La lista de candidatos para el puesto clave de procurador General de la administración Biden se redujo a sólo 3: Doug Jones, exsenador por Alabama; Merrick Garland, juez federal de distrito y candidato a la Suprema Corte hace casi 5 años, y Sally Yates, exsubprocuradora con el presidente Obama.
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