México enfrenta una grave división. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es la causa; es el síntoma. Está por verse si es la solución. Si nos guiamos por la historia, no parece ir por buen camino.
Las causas del descontento social que llevaron a 30 millones de mexicanos a dar un mandato sin precedente a AMLO, se vinieron gestando durante décadas, y sí, como dice el presidente un día sí y otro también, se debieron a los errores cometidos en el pasado, por administraciones priistas y panistas. La corrupción, desde luego. La impunidad, la falta de un real Estado de derecho, la bárbara brecha en el reparto de la riqueza. Nada de eso se puede ni se debe negar. Ese enorme caudal de votos exigió un cambio, pero quien recibió ese mandato, es ahora el responsable de efectuar ese cambio para beneficio de todos, no solo de quienes votaron por él. En beneficio de México, pues.
El modelo que está aplicando el presidente López Obrador es, como él lo dice, un cambio de régimen, no de gobierno. El problema es que las fórmulas que está empleando para efectuar el cambio tienen antecedentes históricos que nunca han funcionado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Han funcionado de maravilla, eso sí, para establecer gobiernos plenipotenciarios, autocráticos y eternos. AMLO ya amenazó con establecer una nueva constitución, porque la actual a veces no le cuadra.
¿Se imagina, lector, una lista de constituyentes que incluya a Ricardo Monreal, Martí Batres, Yeidkol Polevnsky, y en una de esas, a Félix Salgado Macedonio? El documento resultante, que seguramente sería nutrido por la cartilla moral, ahuyentaría a cualquier inversionista con un gramo de cerebro.
En lo económico, las cosas tampoco van bien. La construcción de un sistema corporativista, muy similar al del PRI de los 70, avanza a gran velocidad. La vieja, pero no por ello menos cierta, máxima de "no des pescado al pobre, sino enséñale a pescar", es algo que ni los gobiernos del pasado, ni particularmente este, parecen entender. Las reasignaciones presupuestales tienden a estimular la dependencia del individuo a las migajas que el gobierno le entrega a cambio de nada (ninis, huachicoleros, CNTE) haciendo más rentable realizar actividades no productivas, como bloqueos y marchas, sabiendo que obtendrán más prebendas, sin ningún peligro de ser sujetos a un marco legal que solo se aplica si el presidente lo permite, y saben que no lo permite.
Dando el beneficio de la duda al gobierno de AMLO, se puede argumentar que los mecanismos sirven para hacer un reparto de la riqueza más equitativo. El problema es que inhiben los mecanismos de creación de esa riqueza, y en poco tiempo, no habrá riqueza que repartir. Menos, si los grandes proyectos generadores de recursos, como el NAIM, se cancelan, y en su lugar se invierte en refinerías y carbón (tecnologías del pasado) y el tren maya y Sta. Lucía, que no cuentan ni con estudios de viabilidad financiera. Esos estudios no se hacen, porque saben que no la tienen.
A todo esto, hay que agregar el incierto Estado de derecho en el que vivimos. Si de por sí era débil, ahora es también impredecible. Nunca se sabe cuándo una intervención presidencial directa pasará por encima de la ley. Pasó con la devolución del IVA a grupo Modelo; pasa a menudo con la licitación de obras, que prácticamente ha desaparecido en favor de la asignación directa; pasa con el extraño concepto que tiene el presidente de la 'represión'. No aplicar la ley también es violarla.
México no está para experimentos político-económicos. La competencia allá afuera es brutal. La retracción de México en el ámbito internacional provocará daños macroeconómicos que llevará décadas reparar. Aún está a tiempo, presidente.