En el primer viraje de consecuencias, el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, prometió, y no cumplió. Biden se había mostrado completamente opuesto a permitir que el atroz asesinato del periodista Jamal Kashoggi quedara impune.
El caso, recordará usted, querido lector, sacudió a la opinión pública internacional. Kashoggi, ciudadano de Arabia Saudita, pero residente en Estados Unidos, y colaborador del Washington Post, fue literalmente destazado por un comando saudí en el consulado de su país en Estambul. Las investigaciones posteriores apuntaban a una clara orden del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, conocido como MBS, que decidió callar una voz crítica que le resultaba molesta.
La impunidad de la que gozó el príncipe, dada su cercanía con el expresidente Trump y su yerno Jared Kushner, parecía haber terminado con la llegada de Biden. A ese efecto, la nueva administración anunció que publicaría el resultado de los análisis de sus servicios de inteligencia, hasta ahora clasificados.
En eso, se atravesó Siria. Estados Unidos bombardeó posiciones de milicias simpatizantes de Irán, basadas en Siria, y que habían lanzado varios obuses a la zona de exclusión en Bagdad, donde están las tropas estadounidenses. Y lo hizo, luego de consultar con sus socios en la región, léase Arabia Saudita. Esa consulta incluyó una conversación entre Biden y el rey Salman, de 85 años de edad. No se sabe el contenido de la plática, pero sí se sabe que el reporte publicado sobre el asunto Kashoggi resultó una versión descafeinada, en la que no hay una condena clara del gobierno de Estados Unidos a la conducta criminal del príncipe, ni mucho menos sanciones.
Saco esto a colación, porque el martes se produjo la primera llamada telefónica entre Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sabemos de la cita de AMLO sobre la cercanía geográfica mexicana con Estados Unidos, y las risas, y los buenos deseos, y la renovada cooperación de los dos países, y bla, bla, bla.
Pero en realidad, no sabemos nada de la sustancia de las conversaciones, que sin duda la hubo. Mucho se especuló con el tema de las vacunas. López Obrador anunció que pediría a Biden que compartiera algunos lotes de éstas. La vocera presidencial Jen Psaki respondió un contundente "no" en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca. Luego de la llamada, la versión es que "quién sabe".
En medio de toda esa buena voluntad, que incluyó la creación de un grupo de atención al seguimiento del TMEC, en México un Congreso totalmente subordinado al Ejecutivo completaba un albazo legislativo para pasar la Ley de la Industria Eléctrica, que tiene por objeto restaurar el monopolio de CFE, lo que aumentará los costos para el usuario, y los ingresos, claro, para el gobierno. Que la ley sea inconstitucional, no es obstáculo para AMLO. Sabemos que también domina al Poder Judicial en los asuntos que le importan. Aquí el problema es otro.
Las empresas privadas que han invertido en generación eléctrica en México se sienten, con razón, engañadas. De nuevo comprueban que la certeza jurídica y el Estado de derecho en México siguen siendo un sueño. Pero las quejas han llegado al Congreso de Estados Unidos, y por ahí vendrá la presión. La ley claramente incumple varios párrafos del TMEC, y tanto Canadá como la Unión Americana exigirán que se respeten las condiciones.
Las opciones de López Obrador no le gustan, pero es lo que hay: o dejarla sin publicar y darle carpetazo presidencial; o hacer el circo de declararla inconstitucional y erigirse como el defensor de nuestros derechos. Ser el héroe, pues, que es un rol que le gusta, pero del que frecuentemente sale raspado, porque nadie le cree.
Pronto veremos qué decide.