El fin de semana la Secretaría de Gobernación divulgó los datos más recientes sobre repatriados mexicanos desde Estados Unidos. Entre enero y marzo de este año, fueron deportados (repatriados es un eufemismo típicamente priista o mexicano, como se prefiera) 53 mil 764 nacionales. En el mes de marzo, Estados Unidos expulsó a 21 mil mexicanos.
Se trata de un incremento de 40% en relación con el año anterior, el primero de Trump. Conviene recordar que el año pico de deportaciones (en la historia reciente), fue 2010, bajo la presidencia de Barack Obama, con 469,268. A partir de esa fecha, las cifras descendieron hasta 219,905 en 2016. El 2017 fue el de menor número de deportaciones desde la época de Bush, pero en el segundo semestre, comenzaron a repuntar las llamadas repatriaciones. De anualizarse los datos del primer trimestre, llegaríamos a más de 250 mil deportaciones este año. Marcan claramente una inflexión de tendencia. En otras palabras, las amenazas de Trump empiezan a cumplirse. Y las consecuencias para los mexicanos, tanto de aquí como de allá, también.
Sabemos con certeza que la política de Trump en materia migratoria ya ha surtido dos efectos que pronto redundarán en un mayor número de deportaciones de mayor gravedad para los afectados, como ya comenzó a suceder durante el primer trimestre de este año. En primer término, las detenciones en el interior de la Unión Americana, a diferencia de aquellas en la línea o cerca de ella, se han incrementado enormemente (casi 50% más que el periodo anterior a partir de septiembre del año pasado). Esto significa que se trata de deportados con una larga vida e historia en Estados Unidos: no recién llegados. Son jefes o jefas de hogar con conyugues, hijos, propiedades, empleo, deudas, membresía en asociaciones, etc. Cada deportación de esta naturaleza es desgarradora; la de alguien detenido en el desierto de Arizona es, ante todo, un costo y una mala tarde, susceptible de ser mejorada al día siguiente.
En segundo lugar, Trump ya ha aumentado fuertemente los recursos de CBP y ICE, de los jueces de migración, de los centros de detención y de la cooperación lamentable de las policías locales con las autoridades federales, a pesar de la valentía de algunas ciudades santuario. Las dos modificaciones en la política anterior hacen que el número de personas en la lista de espera de deportación ha crecido de manera significativa, y por lo tanto, como ya se dijo aquí en múltiples ocasiones, las expulsiones crecerán de modo inevitable.
Las cifras mexicanas y de Estados Unidos no coinciden del todo. Las segundas suelen ser más elevadas que las primeras. Por lo tanto, debemos atenernos a una realidad más lastimosa: el número de deportados mexicanos pronto se acercará al de la época de Obama, con el agravante de que se trata de personas arraigadas en distintas comunidades del vecino del norte. Es una consecuencia, perfectamente prevista, de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Frente a la que no hacemos absolutamente nada.