Resulta incomprensible que las exportaciones mexicanas de productos hayan registrado un crecimiento de 12.2 por ciento, lo que se tradujo en ingresos por 43 mil 3 millones de dólares para el país y que en respuesta la Cámara de Senadores apruebe un dictamen de reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, en donde reduce, de 50 a 30 años, la prórroga de las concesiones ferroviarias. El procedimiento dicta que pasaría a Diputados, como cámara revisora.
Las nuevas reformas establecen que la prórroga de concesiones a Kansas City, Ferromex y Ferrosur, entre otras, se verán reducidas en 20 años menos de lo previsto en la ley hasta antes de las modificaciones, aunque considera el atenuante de que la vigencia podrá prorrogarse si las empresas entreguen resultados positivos.
De no ser así, el dictamen considera sanciones y multas por el equivalente de hasta 10 por ciento de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario. En la ‘adenda’ del Senado, se redujo y cambió por Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La justificación del dictamen descansa en la interpretación de que 95 por ciento de la industria ferroviaria es controlada por un consorcio y una empresa, lo que implicaría la existencia de duopolios en el mercado nacional y que los ferrocarriles no presentan condiciones de competencia efectiva.
Cabe señalar que la inversión de largo plazo que requiere un ferrocarril de carga en cierta forma determina que sean pocos los jugadores en un mercado. Así ocurre en Canadá, Estados Unidos y Brasil.
El mismo dictamen presupone que en ausencia de una adecuada regulación, los concesionarios aprovechan su posición de ventaja para fijar las tarifas y otras condiciones del servicio de manera unilateral y obtener ganancias ‘extra normales’.
Otro argumento es que el dominio de las vías de comunicación ferroviarias corresponde a la nación, en tanto que los servicios conexos o de apoyo pueden ser objeto de permisos.
Sin embargo, es evidente que es contradictorio asentar que se busca alentar una estrategia de inversión en infraestructura básica, que promueva la complementación de los recursos de inversión pública con la participación privada en renglones económicos prioritarios, tales como infraestructura carretera, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, cuando se ahuyenta la inversión.
Las exportaciones son piedra angular del crecimiento económico y en este sentido la transportación masiva de mercancías a un bajo costo es atractivo para realizar inversiones en el sector ferrocarrilero.
Es indispensable dar más tiempo a los legisladores para que piensen bien el daño que con esta iniciativa se causaría a este medio de transporte y evitar perjuicios sustanciales al comercio exterior. Reformas como ésta, lo que hacen es frenar la inversión.