Desde su primer mandato, Donald Trump ha utilizado la política comercial como uno de los elementos más importantes de su política exterior y como argumento central para su política de seguridad nacional. Como los mercantilistas del siglo XVI, considera que un déficit en la balanza comercial refleja dependencia y vulnerabilidad y prefiere los acuerdos bilaterales, en los que Estados Unidos puede ejercer mayor presión sobre las otras partes. Al tomar posesión en 2017, solicitó una evaluación que identificara las razones por las que Estados Unidos tenía déficits con China, México, Canadá y la Unión Europea y que indicara si se debían a prácticas desleales. Los reportes indicaron que los déficits se explicaban por las condiciones de la economía estadounidense, que hacía más rentable producir en el extranjero. Con estos argumentos, procedió a negociar el Acuerdo de Fase Uno con China y a renegociar el tratado con Corea del Sur y el TLCAN, buscando generar superávits con todos estos países, lo que no sucedió en ningún caso.
Entre los 12 memos que publicó el pasado lunes, destaca el llamado ‘America First Trade Policy’ (AFTP) en el que solicita a varias dependencias realizar 23 evaluaciones sobre diferentes aspectos de la política comercial de Estados Unidos y entregar los resultados el 1 de abril. Buena parte de los resultados se obtendrán de los reportes que publican periódicamente la Oficina del Representante Comercial (USTR) y los departamentos del Tesoro, Estado y Comercio. Además, solicita al USTR iniciar el proceso de consultas públicas de cara a la revisión del TMEC, agendada para julio de 2026, y hacer una evaluación del impacto del tratado para los trabajadores, agricultores y empresarios en general de ese país. Hasta hoy, el Congreso estadounidense tiene considerado iniciar las audiencias preparatorias en septiembre y con base en ellas, redactar y aprobar entre marzo y abril de 2026 la Ley de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority) que establecerá los tiempos y condiciones de la negociación. De acuerdo con la ley, el USTR debe notificar al Congreso al menos con 90 días de anticipación su intención de iniciar las negociaciones y comunicar, entonces, los objetivos a alcanzar en el proceso, de acuerdo con lo acordado previamente con el propio Congreso y con los comités asesores del sector privado.
En el último reporte listado en el AFTP, Trump solicita a los departamentos de Comercio y de Seguridad Interna (Homeland Security) evaluar los flujos migratorios ilegales y de fentanilo provenientes de México, Canadá y China, y recomendar medidas comerciales y de seguridad nacional para resolver lo que define como una emergencia. Con base en la experiencia, este reporte puede sugerir incluir en el nuevo TMEC uno o dos capítulos relacionados con estos temas y en caso de no cumplir con ellos, la aplicación de sanciones comerciales, como sucedió en la negociación del TLCAN, en el que se incluyeron dos capítulos adicionales sobre temas ambientales y laborales, o en el TMEC, donde se incorporó la observancia de las devaluaciones competitivas para evitar generar ventajas ilícitas. Esto sería una innovación en los acuerdos comerciales de Estados Unidos, pero la Unión Europea los ha usado por más de 30 años, aunque la negociación del capítulo político llevó al límite la negociación con México en 1999.
Durante la negociación del TLCAN, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas propuso incluir un capítulo sobre migración. Sin embargo, el equipo negociador insistió en no hacerlo para evitar poner ‘todos los huevos’ de la agenda bilateral en una sola canasta y no politizar los temas comerciales, lo que hubiera hecho más difícil su solución. El equipo de Peña Nieto tomó otro camino y ambos temas quedaron vinculados. Además, la negociación del nuevo TMEC tendrá que considerar que, mientras que sus antecesores fueron resultado de tres economías de diferente tamaño que respetaban los principios rectores del mercado, las enmiendas promovidas por la 4T han hecho mucho más susceptibles a los mercados en México de las decisiones presidenciales y han debilitado considerablemente las instituciones que garantizan su buen funcionamiento. Esto implicará generar nuevos mecanismos de solución de controversias, sobre todo para garantizar los más de 145 mil millones de dólares en inversiones directas de Estados Unidos en territorio mexicano y quizá ajustar el ámbito de aplicación, cuando por otra parte, la OMC ha quedado relegada y Trump continuará ignorándola.