Comisionada del INAI
Hasta hace algunos años, salvo que uno fuera bibliotecólogo o experto en materia de gestión documental, el tema de los archivos no despertaba un especial interés; sin embargo, en el presente la discusión sobre estos se vuelve trascendental, no solo por el papel que juegan en materia de derecho de acceso a la información, al ser el elemento fuente de cualquier solicitud, sino porque en el mundo digital en el que nos desenvolvemos, cualquier tecnología de la información y la comunicación (TIC) necesariamente requiere de documentos y bases de datos para funcionar.
El Internet se ha apoderado de nuestro mundo. Diariamente millones de personas transitan por una red colmada de páginas web que almacenan nuestra información de manera electrónica, como la banca digital o los servicios de compra - venta de productos y servicios que recaban información financiera; cada vez son más las oficinas de gobierno que posibilitan la gestión de trámites y pagos por vía remota, los cuales requieren de nuestra información para operar; qué decir del uso de teléfonos inteligentes que conocen más datos personales que cualquiera de nuestros familiares o amigos, herramientas todas que tiene algo en común, manejan datos y generan documentos electrónicos.
En definitiva, la era digital que se está gestando en nuestros tiempos necesariamente implica la digitalización de todo; no lejos se vislumbra un mundo en el que estaremos totalmente interconectados y dependientes de las tecnologías, un escenario en el que el papel, prácticamente pasará a desuso y únicamente permanecerá como herramienta documental histórica, siendo los documentos, archivos y expedientes electrónicos, por antonomasia, las herramientas que se utilizarán como mecanismo para la gestión, operación, comunicación y documentación de toda la información, no solo de la administración pública sino del sector privado.
En ese escenario, es evidente que los archivos digitales que manejan y se generan en páginas web, aplicaciones, plataformas y, en general, en todas las herramientas tecnológicas, necesariamente, deben ser protegidos y regulados por leyes específicas en materia archivística, pero desde una perspectiva de protección a los derechos humanos.
Sin embargo, debemos entender que esta regulación no puede ser meramente local; el universo digital demanda una regulación robusta que trascienda fronteras, por ende, es necesario que las naciones cuenten con canales de comunicación que permitan la discusión y los acuerdos necesarios para generar en conjunto la normativa archivística.
Bajo esa óptica, la participación de organismos internacionales especializados en la materia es fundamental, tal es el caso de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), fundada un 6 de abril de 1973, en Lima, Perú; es una entidad de carácter profesional y cultural con integrantes de 21 países cuya misión es fortalecer el desarrollo integral de los archivos y la adecuada gestión y protección del patrimonio documental en la región.
Dentro de sus principales acciones está celebrar convenios e instrumentos de cooperación entre los responsables de archivos y organismos nacionales e internacionales; difundir normas y estudios archivísticos actualizados y adecuados con la realidad; así como organizar congresos y foros internacionales, como ocurre con el reconocido Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica.
Lo logrado es destacable, como parte de los consensos los estados miembro han adoptado medidas para optimizar la conservación, organización y servicio del patrimonio documental, por lo que con gusto, me permito anunciar que en marzo de 2023 la Ciudad de Toluca, México, será anfitriona de su XII sesión, conmemorativa de su 50º Aniversario, que reunirá a expertos de todo el mundo para intercambiar, reflexionar y discutir el importante papel de los archivos en nuestra sociedad, con el eje temático “Archivos en la sociedad del conocimiento”.
