De manera un tanto sorpresiva, el martes de la presente semana Arturo Zaldívar renunció al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Su periodo de quince años concluye el 30 de noviembre del próximo 2024.
Sobre la causa de su renuncia, en el escrito que dirigió al presidente López Obrador expone lo siguiente: “considero —dice— que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales”.
A continuación agrega: “Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México…”, de donde se deduce, por la terminología que emplea, que ya se le ha ofrecido alguna posición en el círculo del grupo gobernante, en el que espera hacer aportaciones espectaculares, o por lo menos importantes, y no meramente marginales.
Dada su brevedad, vale la pena transcribir lo que sobre el punto establece la Constitución. Su artículo 98, tercer párrafo, dispone lo siguiente: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.
Por donde se le quiera ver y cualquier cosa que sea lo que ello signifique, en modo alguno se puede considerar como causa grave para renunciar al cargo de ministro de la Corte la supuesta terminación de “un ciclo”, el cual ya agotado sólo le permite al renunciante, según dice, hacer “aportaciones” que “se han vuelto marginales”.
Se trata obviamente de retórica hueca, si no es que de franca soberbia. Por ser esta última de plano ridícula en el caso de Zaldívar, toda vez que se trata de un ministro que como presidente que fue de la Corte no pudo, no quiso o no supo, o quizá las tres cosas, estar a la altura, en circunstancias difíciles para el país, en casos muy conocidos que exigían la presencia de un jurista celoso de la vigencia del Estado de derecho.
Lástima, porque Zaldívar pasará a la historia de la Corte como un presidente dócil, maleable, seducido y sometido a los dictados de un Ejecutivo autoritario.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente preguntarse cuál o cuáles fueron las probables causas que provocaron la renuncia de Zaldívar al cargo de ministro de la Corte, bajo el supuesto de que le faltaba un año y días para concluir su encargo de 15 años. Se proponen tres hipótesis.
La primera, que consciente de su lamentable papel como presidente de la Corte, al dejar de presidirla, Zaldívar debió sentir el rechazo, el trato frío de al menos ocho de sus compañeros ministros. De ahí incluso que recientemente, en dos o tres acciones de inconstitucionalidad resueltas, en una actitud de tardía dignidad, al votar ya no hizo causa común con las dos ministras, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ellas sí abierta y penosamente subordinadas a López Obrador. Las presiones derivadas de sus propios remordimientos, tal vez lo orillaron a preferir renunciar.
Segunda hipótesis: como su relevo habría de ocurrir en noviembre del año próximo, cambios sustantivos en la composición del Senado y aun en la presidencia de la República, derivados de los resultados de las elecciones de junio del año entrante, podían complicar o de plano hacer imposible el nombramiento del nuevo ministro de la Corte afín al obradorismo y a Morena. Su renuncia, en esta hipótesis, pudo haber sido por propia decisión de Zaldívar, para vender el favor, o inducida por presiones del oficialismo.
La anterior hipótesis se basa en la disposición constitucional (contenida en el segundo párrafo del artículo 98 de la Carta Magna), según la cual, en casos de renuncia, no se nombra un nuevo ministro para que cubra el tiempo faltante al ministro que ha renunciado, sino para un nuevo periodo de 15 años.
Finalmente, como Zaldívar habla en su carta de renuncia de “sumarse a la consolidación de la transformación desde los espacios —dice— que me brinden” (de hecho, sin el menor escrúpulo, siendo aún formalmente ministro, difundió una foto en la que aparece con la candidata presidencial de Morena), algunos han supuesto que aprovechará el actual proceso electoral para asegurar, a través de Morena, alguna diputación o senaduría o bien la Fiscalía General de la República o alguna secretaría de Estado en la próxima administración, como medida protectora frente a cualquier responsabilidad que eventualmente le resulte.
Respecto a lo anterior, cabe decir que la maniobra es absolutamente improcedente y por ende ineficaz, toda vez que dichos cargos no los podrán ocupar “dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro”, “las personas que se hayan desempeñado como Ministros” de la Corte, según lo establecen los artículos 95, fracción VI, y 101, párrafos segundo y tercero de la Constitución, disposiciones que seguramente conoce y tiene bien presentes el abogado Arturo Zaldívar.