El oficialismo lleva adelante, con atropellada celeridad, su plan de lo que llama la reforma judicial. El proyecto propone numerosos cambios a la Constitución en la materia relativa a ese poder. A pesar de que algunos pueden considerarse procedentes, hay uno absolutamente inviable y nocivo, el cual ha provocado fuerte oposición entre amplios sectores de la sociedad mexicana. Se trata de la propuesta para que ministros, magistrados y jueces, tanto federales como del ámbito estatal, sean designados por voto popular directo.
La iniciativa, junto con otras que suman alrededor de veinte, fue presentada a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Puedo haber continuado esa iniciativa su trámite legislativo. Más que suficiente habría sido para ello el tiempo del último periodo de sesiones de la anterior legislatura federal, que concluyó sus funciones a finales del pasado mes de agosto. Pero el grupo en el poder optó por no darle trámite.
¿Por qué no lo continuaron? Muy sencillo: porque Morena y sus aliados carecían en ambas Cámaras de la mayoría calificada de las dos terceras partes, necesaria para cualquier enmienda a la Constitución. Se dieron por lo tanto a la tarea de preparar y poner en ejecución un plan, meticuloso y preciso, de cinco pasos, para alcanzar en las elecciones del pasado 2 de junio tal mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahora lo vemos claramente.
Tal plan consistió, primero, en aprovechar la oportunidad que se les presentó cuando en abril del año pasado terminaron su periodo cuatro de los once integrantes del Consejo General del INE. Mediante un habilidoso golpe de mano, hicieron que tales espacios fueron ocupados por cuatro personajes afines a Morena, a pesar de no contar este partido y sus aliados con las dos terceras partes de los diputados que para tal efecto se requiere.
A partir de ese momento -que en retrospectiva bien vale la pena analizar con detenimiento y provistos de una gran lupa, para ver con claridad cómo fue que la oposición resultó ‘chamaqueada’” en algo tan elemental- el INE empezó a ser colonizado y convertido su Consejo General prácticamente en un instrumento al servicio de Morena, lo cual explica que como por arte de magia López Obrador haya dejado de hacerlo objeto de sus furibundos ataques mañaneros cotidianos. ¡Qué casualidad!
El segundo paso consistió en bloquear el nombramiento de los dos magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, para sustituir a los que concluyeron su periodo. La Suprema Corte envió de inmediato el par de ternas al Senado para que los designaran.
Pues a pesar del tiempo transcurrido, los senadores de Morena, que son mayoría, han arrastrado los pies y se han abstenido de hacer los nombramientos. La razón es obvia: no están dispuestos a permitir que se designen magistrados de perfil diferente al de Lenia Batres.
Tercer punto del plan: por lo que se pudiera ofrecer, hacia finales de diciembre del año pasado dieron cuartelazo a quien fungía como presidente del Tribunal Electoral, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por no sentirlo suficientemente confiable. Pusieron en su lugar a una magistrada de incondicionalidad probada. De esta manera no sólo se aseguraron el control en sí del Tribunal sino además el voto de calidad por lo que pudiera ofrecerse. Oro molido en decisiones cruciales.
El cuarto punto de la estrategia obradorista consistió en hacer que el INE aprobara la chapucera conformación de la coalición electoral encabezada por Morena, para los comicios de diputados federales. Esto propició el trasvase de candidatos de un partido a otro, lo cual favoreció la brutal sobrerrepresentación con la que finalmente se alzó el oficialismo en la conformación de la nueva Cámara de Diputados, muy por encima del tope del 8 por ciento establecido por la Constitución.
El quinto paso consistió en presionar por todos los medios al alcance del oficialismo, desde la secretaria de Gobernación hasta el Presidente en las mañaneras, la aplicación incorrecta de la disposición constitucional aplicable a la asignación de diputados plurinominales, lo cual dio como resultado que Morena y sus aliados, con el 54 por ciento de los votos, se llevaran el 74 por ciento del total de diputados.
Consumadas estas maniobras, paradójicamente a la vista de todos sin que se notaran, ciertamente habilidosas y audaces, pero también siniestras, en la doble acepción del término, ahora sólo queda a la nación esperar lo peor. O bien organizarse como nunca lo ha hecho en dos siglos, hasta sacudirse a esta camarilla.