A mediados de la semana pasada, un diario de Saltillo, en forma un tanto alarmista, publicó una nota que cabeceó así: "Envía gobernador iniciativa.- Va Coahuila por educación laica en escuelas privadas". Como es de suponer, de inmediato se encendieron las alarmas. A lo largo de todo ese día se multiplicaron los rumores y especulaciones. Muchos recordaron lo ocurrido hace algunos meses en Puebla, precisamente en un tema tan sensible como es el de la educación. Se pensó –se piensa-- que en Coahuila puede ocurrir lo mismo.
El día siguiente se despejó la incógnita. Como el Congreso local está en receso, sucedió que se realizó un miniperiodo extraordinario de sesiones, con duración de un solo día. Y fue precisamente para dar entrada a varias iniciativas del gobernador. Una, para proponer la reforma a tres artículos de la Constitución local en materia educativa.
Otra iniciativa para proponer modificaciones y adiciones a la Ley Orgánica de Administración Pública estatal, así como al Estatuto de los Trabajadores de la Educación en Coahuila. De igual manera una iniciativa más para proponer una nueva Ley Estatal de Educación.
¿De qué se trata y por qué la necesidad de presentar este paquete de iniciativas, incluso convocando a un periodo extraordinario de sesiones de la Legislatura, que está en receso, como si se estuviera en una situación de suma urgencia?
El asunto tiene su origen en el Octavo Transitorio de la contrarreforma educativa que López Obrador propuso y sus huestes en las Cámaras –y luego en los Congresos locales-- aprobaron, para eliminar de la Constitución Federal el avance que en materia educativa se había logrado en 2013. Avances consistentes en un par de conceptos clave: educación de calidad, a través de un aceptable sistema evaluatorio. Todo se echó por la borda el 15 de mayo (por cierto el día del maestro) de 2019, al publicarse la contrarreforma en el Diario Oficial de la Federación.
El artículo octavo transitorio de esa malhadada contrarreforma reza: "Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán un plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este Decreto".
El año se cumplió desde hace más de dos meses y luego del retraso les llegaron las urgencias. Falta aún lo que se lleve el proceso, porque en Coahuila la Constitución local es también de tipo rígido, es decir, su reforma requiere mayoría calificada en la legislatura local (que no reúnen los diputados priistas ni con la suma de sus tradicionales aliados más los legisladores de Morena), así como la aprobación de al menos 20 de los 38 ayuntamientos del estado.
¿Cómo le van a hacer? Y si las sesiones se reanudan hasta septiembre, ¿se convocará en agosto a otro periodo extraordinario?
Con la reforma de Morena al artículo 3° de la Constitución Federal, de mayo de 2019, prácticamente se sometió este precepto a una cirugía mayor. Fueron escasos los pasajes de su texto anterior que quedaron vivos. Pero además fue necesario agregar 18 largos artículos transitorios para desmantelar el previo sistema de calidad-evaluación educativa que el nuevo régimen echó por la borda, y el nuevo sistema que creó para sustituirlo.
Sólo para que se tenga una idea de cuál fue el alcance del nuevo sistema a establecer, los 18 artículos transitorios están redactados en 1 mil 889 palabras, un texto casi igual al del nuevo artículo 3°, que comprende 2 mil 221 vocablos.
Todo parece indicar, salvo prueba en contrario de lo que la realidad vaya demostrando, que el ejercicio hacia atrás en el importante rubro educativo se inició ya en Coahuila. ¿Será parecido al de hace medio año en Puebla? Veremos.