Durante casi dos siglos, los órganos legislativos locales pasaron totalmente inadvertidos. Hasta que hace poco menos de dos décadas han empezado a ser objeto de mayor atención ciudadana. Ha surgido por ello la necesidad de evaluar su desempeño, tanto como cuerpos colegiados como por grupos parlamentarios y aun por cada diputado individualmente considerado.
Por lo que hace a la evaluación individual, medir la aportación derivada del trabajo de cada legislador no es tarea sencilla sino harto compleja. ¿Cuál puede y debe ser la referencia básica para llevar a cabo tal evaluación? No falta quien sostiene que un elemento clave a considerar es la asiduidad en su asistencia a las sesiones del Pleno y de las comisiones permanentes de dictamen de las que forme parte, lo cual es cierto. Pero no lo es todo.
No faltar a las sesiones o inasistir lo menos posible, por causa verdaderamente justificada, da idea de que se trata de un representante popular serio, cumplido y responsable en cuanto a presencia física. Aunque no necesariamente en cuanto a participación activa en la labor propiamente legislativa.
Algunas organizaciones de la sociedad civil, sin duda con la mejor intención pero de manera obviamente equivocada, han elaborado un sistema de monitoreo legislativo que aplican a cada diputado para medir su trabajo y la eficacia de éste. Hacen consistir dicho monitoreo en llevar cuenta de las piezas legislativas presentadas en la tribuna parlamentaria por cada diputado.
En el esquema de trabajo más común en los congresos locales las piezas legislativas pueden ser de cualquiera de los tres géneros siguientes: 1. INICIATIVAS de ley o de reformas a la Constitución Política del Estado; 2. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO (para exhortar a las autoridades administrativas locales y aun federales a realizar tal o cual actividad o atender determinadas peticiones que se les hacen y 3. PRONUNCIAMIENTOS, que conforman la llamada "agenda política".
Como es de suponer, las iniciativas de ley, las proposiciones con puntos de acuerdo y aun los pronunciamientos de orden político, pueden ser –y de hecho son- de distinta importancia, calidad y alcance para la vida pública de cada entidad. Sin embargo, se les contabiliza por igual.
Y no sólo eso, sino que tal modo de computar para efectos de evaluación el trabajo legislativo de cada diputado, opera a manera de incentivo perverso al multiplicar innecesariamente todo tipo de intervenciones sobre asuntos irrelevantes, de nulo interés o francamente baladíes. Un claro ejemplo de ello son las llamadas efemérides que (casi) nunca faltan en las sesiones plenarias.
Que se sepa, el método adoptado no toma en cuenta el trabajo en comisiones legislativas, el estudio para la elaboración de dictámenes ni la participación en el debate parlamentario. Así como la muy importante tarea de revisión de las cuentas públicas, rubro que en algunos estados debe ser considerado como de máximo y prioritario interés.
Introducir como elemento de la evaluación la llamada "gestoría" realizada por los diputados, como algunos pretenden, equivale a empobrecer el esquema evaluatorio. Cuando menos por dos razones: En primer lugar, porque dicha labor se coloca en los límites del tráfico de influencias y el franco coyotaje. Y en segundo término porque los legisladores oficialistas siempre llevarán ventaja en este rubro, en especial cuando se trata de gobiernos estatales intolerantes y facciosos, que son muy comunes en el ámbito local.
Otro aspecto cuestionable es la tendencia a sobrevalorar las iniciativas y propuestas legislativas que los diputados presentan, cuando tienen un mayor y positivo efecto sobre el distrito por el cual fue electo el legislador, bajo el supuesto de que está procurando un mayor beneficio a sus electores. El razonamiento debe ser exactamente el inverso, porque los diputados no representan a un determinado distrito electoral (sólo desde el punto de vista técnico para efecto de los comicios) sino a todo el pueblo de la entidad.
Es éste un primer acercamiento al tema, el cual da para mucho más.