El pasado miércoles 14 estuvo en Saltillo el presidente del consejo general del INE, Lorenzo Córdova. Como el año próximo habrá elecciones en Coahuila, únicamente para diputados locales, los reporteros le preguntaron su opinión acerca de la propuesta de hacer coincidir las fechas –obviamente en el futuro, no el año entrante- de dichas elecciones para legisladores estatales y posteriormente para gobernador, con las fechas de los comicios federales.
Córdova respondió no sólo afirmando la pertinencia de dicha propuesta, cada vez más presente en el ánimo de la opinión pública del estado, sino dijo que tal concurrencia de elecciones federales y estatales debe ser un objetivo al que debe tenderse. Para que en el futuro haya elecciones generales, a la manera de como las hay en los países democráticos del mundo.
Un día después, los representantes de los medios de la capital de Coahuila interrogaron sobre el mismo tema al gobernador Miguel Riquelme. Con un desconocimiento absoluto del asunto, éste opinó de manera diametralmente opuesta a lo expresado la víspera por el titular del INE, sin duda influido por razones de partido.
Como el empate de las fechas entre ambos tipos de elección, locales y federales, implica un periodo de ajuste, es decir, que por única vez –en 2020- se elijan diputados para ejercer su función únicamente por un año, y que en 2023 el gobernador a elegir sólo cubra un periodo de cuatro, en lugar de seis años, el gobernador Riquelme considera que tales excepcionales periodos de ajuste son violatorios de la Constitución.
No tiene presente y por lo visto ninguno de sus colaboradores le hace saber, que dichos periodos de ajuste se han realizado ya en todos los estados del país. Para no ir más lejos en Coahuila mismo, donde en 2017 se eligieron ayuntamientos para cubrir un periodo de sólo un año. Tampoco le aclaran sus asesores que tales periodos de transición se han presentado en todos los estados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de calendarios electorales se incorporaron a la Constitución General de la República, según decreto modificatorio al artículo 116 de ésta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.
Así parezca increíble, declaró Riquelme a los reporteros que por respeto a la Constitución "en Coahuila ni se ampliará ni se recortará el mandato de la gubernatura, que se mantendrá en seis años" .
Es claro que dicho gobernador no tiene presente, o bien desconoce de plano, que constitucionalmente sí es posible acortar la duración de una gubernatura, aunque no ampliarla, toda vez que el Artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal dice a la letra: "Los gobernadores de los Estados no podrán durar en el encargo más de seis años". El texto es claro y su interpretación no ofrece mayor dificultad: los gobernadores no podrán durar más de seis años en el ejercicio del cargo, pero menos de seis sí.
En sus declaraciones hizo también una afirmación que no probó y sin duda tampoco podrá probar. Dijo que "existen otras maneras de lograr empatar las elecciones y tener ahorros (presupuestales) en los procesos".
Si las hay no expuso cuáles son esas otras vías. Ojalá las pudiera explicar y también cómo se lograrían los ahorros de que habla.
Por último, sin venir realmente al caso, afirmó también Riquelme que "para lograr transformar en muchos rubros la entidad cuatro (años) son insuficientes".
Cuando un estado queda literalmente hecho garras, como sucedió a Coahuila con dos pésimas y exageradamente corruptas administraciones, como las encabezadas por los hermanos Moreira, no alcanzarán ni seis ni diez años para recomponer el Estado. Mucho menos en cuatro. En eso tiene parcialmente razón Riquelme. Pero la cosa y la causa son distintas.