Hacia principios de la década de los años 50 del siglo pasado, el autor clásico en materia de partidos políticos, Maurice Duverger, apuntó una tesis que a casi todos convenció: en una democracia el número de partidos políticos depende (casi) enteramente del régimen electoral. Si éste es conforme al sistema mayoritario, tiende a conformarse un sistema de dos partidos (bipartidismo).
En el caso de estar implantado un sistema puro de representación proporcional, se establecerá un sistema de "muchos" partidos, es decir, pluripartidista. El número dependerá del umbral que se establezca para tener derecho a que se le adjudiquen representantes. Si el llamado "porcentaje de entrada" es bajo, la tendencia será a un número elevado de partidos; y si es alto, el número de partidos no será tan crecido.
Casi tres décadas después otro estudioso del tema, Giovanni Sartori, apuntó que en sistemas electorales mixtos, con una parte de los integrantes a las asambleas legislativas elegidos por el método de mayoría relativa y otra por el de representación proporcional, se tenderá a conformar un sistema pluripartidista acotado. Concretamente en el caso de México, cuyo sistema es mixto con predominante mayoritario, Sartori dice que puede ser de entre 4 y 7 partidos.
¿A qué viene lo anterior? A que en la megaelección del año próximo que será intermedia sólo para diputados federales, pero en la que simultáneamente tendrán comicios locales (casi) todos los estados del país, excepto dos, todo parece indicar que entrarán en competencia nada menos que 13 partidos políticos nacionales. Será la elección federal que en la historia del país registre el mayor número de partidos participantes.
Del número probable de partidos nacionales que el año próximo intervendrán en los comicios, siete son ya existentes (los únicos por cierto con capacidad para formar coaliciones). Y media docena de nuevos partidos (de un total de 106 que lo solicitaron) que muy factiblemente obtendrán su registro, y que por esta ocasión carecerán del derecho de participar en coalición. En total pues 13.
Una vez que los nuevos partidos obtengan su patente, alcanzarán también el derecho de acceder al financiamiento público. Alguien hizo ya un cálculo del monto que cada uno de éstos podrá reclamar en la segunda mitad de 2020 y en el año electoral, es decir, en 2021. Sumará dicho monto, entre la partida para gastos ordinarios, actividades específicas y para gastos de campaña, la muy respetable cantidad de poco más de 188 millones de pesos por cada uno de los nuevos seis partidos. En total casi 1,130 millones de pesos. Y todo ello antes de demostrar si tienen representatividad de algún sector significativo de la sociedad mexicana.
La experiencia demuestra que en las últimas décadas la tasa de sobrevivencia de los nuevos partidos es bajísima. No es justo por ello que el contribuyente mexicano tenga que estar financiando aventuras electorales de grupos políticos que nada, o casi nada, representan. No es justo.
Valdría la pena ir pensando en algún mecanismo que detengan esta intermitente sangría. Por ejemplo, que los nuevos partidos establezcan una garantía suficiente para que en el caso de no alcanzar el 3 por ciento de la votación que les permita conservar el registro, una parte significativa (quizá el 50-60 por ciento del financiamiento público que recibieron) sea reembolsado a la hacienda pública. Es lo mínimo que en torno a este punto puede y debe hacerse.